El primer dato es que ninguna de ellas funciona. Las comisiones bicamerales son un ámbito previsto en la Legislatura que se integran con diputados y senadores.
Son 26 y el menú es muy variado. Por ejemplo hay una Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, pasando por la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Participación de la Provincia de Entre Ríos en los Fideicomisos Financieros para la Construcción de Vivienda, hasta la Comisión Bicameral de Asuntos para la Integración Regional y Acuerdos Internacionales. En la página web del Senado están enumeradas una por una.
Según el artículo 57 del reglamento del Senado corresponde a la Comisión Legislativa Bicameral de la Región Centro de la Argentina, constituirse en el ámbito propicio para recabar información de actividades y proyectos y recibir a los distintos componentes del Estado Entrerriano –incluidos los Municipios–, proponer las vinculaciones entre sí, de manera de lograr una unidad de concepto para el posicionamiento de la provincia en la Región Centro, como así también para estudiar y proyectar las acciones a seguir para cumplir con los altos fines que los Estados provinciales han consensuado al crear la Región…”. Y sigue. La Comisión de la Región Centro podría ser una de las activas. Permanentemente se está mirando a Córdoba y Santa Fe cuando se ponen en debate reformas tributarias, por ejemplo.
Según el artículo 58, corresponde a la Comisión Bicameral de Derechos Humanos “dictaminar sobre todo lo relativo a los derechos humanos y sus garantías constitucionales”. Es tal el desconocimiento que hay sobre este ámbito legislativo que hace días, el diputado Pedro Báez, en el marco de una conferencia de prensa en la que se denunció el accionar de la Policía, anunció la creación de una comisión de derechos humanos. Se podría poner en funcionamiento la que ya está.
El Diario hizo una rueda de consultas a la Legislatura para recabar información. No hubo caso. No hay información, porque la información no se generó.
Un memorioso recordó que la última actividad que se conoció de una bicameral fue la que se creó para el seguimiento de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Fue cuando estaban Teresa Grand en el Senado y Beatriz Montaldo en Diputados. Cuando se desató el conflicto de varias semanas por la nacionalización de la casa de altos estudios que tuvo como desenlace la normalización con la elección de Aníbal Sattler, a nadie se le ocurrió hacer sesionar a la comisión.
Hay comisiones bicamerales para casos concretos, como la de Jurado de Enjuiciamiento. Otro ejemplo: la Comisión Bicameral Permanente de La Defensoría del Pueblo. Esta última sí tuvo actividad. Cuando se decidió elegir al ombudsman de la provincia. Hubo convocatoria de candidatos, presentación de currículum, audiencias públicas y evaluaciones de los pliegos. Incluso se eligió una terna para designar, de una vez por todas, al defensor del pueblo invocado por la reforma constitucional de 2008. Los elegidos fueron el ex senador Marcelo López, el abogado Sebastián Aguilar y Víctor José María Centurión. Cuando se estaba por dar acuerdo, la Cámara de Diputados, presidida por Jorge Busti, la rechazó. Hubo interpretaciones encontradas de lo que establecía la ley que reglaba el proceso. De un lado se ubicaron quienes entendían que el defensor y los adjuntos tenían que ser elegidos por ternas separadas; enfrente, los que aseguraban que era necesaria una sola terna. Lo cierto es que se tiró para atrás todo el proceso y los titulares de la bicameral; el diputado José Allende, y el senador Raúl Taleb; renunciaron al cargo. Todo esto ocurrió en 2009. Al 2016 no hay defensor del pueblo. Tampoco se juntó la comisión.
