Juan José Albornoz levantó el guante sobre las críticas que se recibieron de algunos sectores de la oposición por el fraude en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) que, según denunció su titular Marcelo Casaretto, es de 18 millones de pesos durante el período de su gestión: desde el 1º de enero de 2012 al presente.
El diputado provincial por el oficialismo trabaja sobre un proyecto de ley que promueve la derogación del artículo 75 de la ley 9621 que modificó el Código Fiscal y permite la compensación de deudas tributarias con acreencias contra el Estado por parte de un contribuyente.
El borrador- al que tuvo acceso Página Política – pretende terminar con ese sistema de “compensaciones”. “Lo que yo propongo es derogar el artículo que habilita las compensaciones, de modo que no se pueda compensar nunca mas por vía administrativa deudas por créditos. Los impuestos se pagan”, apuntó el referente del Movimiento Evita.
Además, el texto propone como penalidad para aquellos contribuyentes que sean procesados por evasión, elusión o pago simulado de impuestos (fraude a la administración pública) “la suspensión del registro de proveedores” del Estado hasta tanto se resuelva su situación en sede judicial. En caso de ser condenados, les cabe la separación, exclusión o imposibilidad perpetua de inscribirse como proveedor.
Secreto fiscal
Una de las cuestiones que quedaron a la vista en el escándalo del desfalco en la ATER es el secreto fiscal, por el cual no se dieron a conocer públicamente cuáles eran las firmas que estafaron al fisco. El organismo está facultado para dar a conocer esa información, pero el legislador quiere que sea “una obligación” hacerla pública y que esa posibilidad no quede librado a la “discrecionalidad” del funcionario.
La ATER, entonces, estaría incumpliendo el deber de poner a disposición de la prensa esa infamación.
La modificación que propone el proyecto es que el secreto fiscal liberado no quede en una discrecionalidad sino que se convierta en algo exigible por parte de la prensa.
Se faculta al organismo fiscal provincial a dar a publicidad los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas y a la falta de pago de obligaciones tributarias exigibles.
