“Finalmente se confirmó la hipótesis que a Ariel Goyeneche lo mató la policía. Tras la difusión del informe final de la autopsia se reveló que Ariel murió por asfixia por compresión mecánica torso abdominal. No se murió. Lo mataron”, sentenció la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher).
Se remarcó que “los agentes de la Policía de Entre Ríos que intervinieron frente a la exaltación de Ariel, no solicitaron atención médica ni lo trasladaron hacia el hospital público, sino que decidieron sujetar su cuerpo contra el cemento, tal como habían señalado testigos y filmaciones”.
En el documento, difundido tras conocerse la autopsia, la Rodher lamentó que “una vez más el proceder de la policía de nuestra provincia tenga como resultado la muerte de un joven, una muerte que pudo ser evitada”. “Repudiamos que las autoridades policiales y políticas hayan salido a respaldar este proceder ilegal de la policía, en una clara defensa corporativa, difundiendo una versión oficial a los medios de comunicación, sin prudencia ni cautela, que no buscaba la verdad de lo sucedido sino el encubrimiento del accionar policial que no previene sino que reprime y mata”, denunció la organización.
Se cuestionó que “recién después de cuatro meses del hecho se conoce el informe final de autopsia” y que “aún quedan pruebas que realizar y estas dilaciones y demoras son una constante en las causas en donde están involucrados funcionarios policiales en nuestra provincia”.
En la declaración pública de la Red, se insistió en denunciar “que estas prácticas no constituyen hechos aislados, sino que representan una práctica represiva y sistemática inadmisible e incompatible con los más básicos estándares de Derechos Humanos de nuestro sistema democrático”.
En este marco, se exhortó al gobernador Rogelio Frigerio y al Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, que “ejerzan su autoridad política ante las fuerzas de seguridad y emitan un mensaje público claro que sancione estas prácticas y culmine de una vez la escala de violencia institucional que vive la provincia”.
Se afirmó que “la falta de un protocolo de actuación no justifica el accionar de la policía, este nivel de violencia no se debe ejercer ante ningún ciudadano” y en este se reclamó que “el gobierno desande la estigmatización con la que se caracterizó a Ariel sólo por el hecho de estar sufriendo una crisis de salud mental”.
“Exigimos diligencia, celeridad e independencia en la investigación judicial estableciendo las correspondientes responsabilidades”, concluyó el texto de la Red.
Fuente: Página Política
