Si los historiadores o revisionistas son certeros, es la primera vez desde el advenimiento a la democracia que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decide impulsar una investigación a un magistrado.
Este miércoles por la mañana, ese comité hizo lugar al pedido de juicio político contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz. Según supo Página Judicial, todos los integrantes votaron para que abra el proceso.
La presentación contra el integrante de la Sala de Asuntos Constitucionales y Penal la hizo el abogado peronista enrolado en el Frente Renovador de Victoria, Carlos Guillermo Reggiardo. Las causales por las que solicitó que se lo investigue son las ausencias en su despacho por viajar a dar clases y una supuesta la utilización irregular de viáticos. Este segundo punto es en el que más insistió el denunciante y mayor atención prestaron los legisladores. Es así que se libraron una serie de medidas de prueba con diferentes oficios y solicitudes de informes a facultades, al mismo Superior Tribunal de Justicia, al Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Civil N° 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresas aéreas y al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), supo Página Judicial.
“No puede seguir ocupando un lugar en el máximo tribunal un juez que diseña toda una estrategia de entramados y mentiras para no ir a trabajar a su despacho y que todos los entrerrianos le solventemos su vida paralela y sus trabajos paralelos”, señaló el peticionante en la presentación. Y agregó: “Desde hace mucho tiempo-uno, dos y hasta tres días a la semana abandona sus tareas en el Superior Tribunal para realizar otras actividades que en nada se relacionan a las funciones que la Constitución provincial le asigna a los magistrados”.
El artículo 37, inciso 5º de la carta magna provincial dice que los funcionarios de los tres poderes del Estado “no podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo”.
El próximo paso en el procedimiento del juicio político consiste en que la Cámara de Diputados llevará adelante la investigación. Para esto, que sería una especie como etapa de instrucción, necesita el voto de 23 integrantes del cuerpo y un quórum de 26. Los números están desde el momento mismo en que representantes de todas las fuerzas decidieron en comisión firmar un dictamen para darle curso a la denuncia.
Luego, el cuerpo en pleno deberá elegir cinco miembros que serán, para decirlo de alguna manera, los fiscales del proceso, quienes mantendrán la acusación en el Senado, que el que juzga.
Chiara Díaz se deberá presentar en Diputados para defenderse. La petición de juicio político ingresó el 15 de noviembre.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento que le dio curso a la denuncia la integran por el Frente para la Victoria Diego Lara (presidente), Rosario Romero (secretaria), Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán y Angel Vázquez. Por Cambiemos Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola y Esteban Vitor. Por el Frente Renovador, Gustavo Zavallo.
Reggiardo, junto a un grupo de dirigentes peronistas; entre ellos, Domingo Daniel Rossi, Héctor Maya y Augusto Alasino; ya había presentado un pedido de juicio político hace unos meses. En aquella oportunidad, los denunciantes hicieron hincapié en cuestiones de la vida personal del vocal más que con su desempeño como magistrado. Sí se apuntó que Chiara Díaz utilizaba viáticos para una cuestión personal. Esa situación quedó saldada administrativamente cuando el funcionario judicial devolvió el dinero. De manera genérica también se lo acusó de utilizar fondos para viajar a brindar seminarios.
Lo cierto es que la Cámara de Diputados rechazó in limine el pedido por errores formales. Los radicales, por su parte, impulsaron que se avance con el procedimiento.
