La Mesa Directiva del Parlasur dispuso en su última sesión prorrogar los mandatos de los parlamentarios del Mercosur que representan a la Argentina.
Se atiende de este modo a la situación planteada ante el vencimiento de los mandatos, el 10 de diciembre pasado, y la falta de convocatoria a elecciones para que se designe a los nuevos parlamentarios, según lo previsto por la ley electoral nacional.
La decisión alcanza al conductor y periodista entrerriano Cristian Bello y a otros 43 representantes argentinos que fueron electos el 25 de octubre de 2015 y culminaron su mandato el 10 de diciembre pasado.
En la resolución de la Mesa Directiva se apunta que “ante la finalización del mandato corresponde adoptar una decisión que compatibilice del mejor modo el derecho interno de la república argentina y la situación producida”.
En los considerandos de la decisión se apunta que los actuales representantes “son los únicos que cumplen con los requisitos del derecho interno argentino para ser electos parlamentarios del Mercosur”. Además, se advierte que “es imperioso que se resuelva esta cuestión ya que de no hacerlo el Parlamento del Mercosur quedaría paralizado por la ausencia completa de una de sus delegaciones nacionales”.
En el artículo 2° de la resolución, y luego de disponer la prórroga del mandato, se aclara que la decisión tendrá vigencia hasta tanto “las autoridades de la República Argentina adopten una decisión sobre la situación de los parlamentarios del Mercosur”.
Descargar Prorroga de mandatos Parlasur.pdfSobre Bolivia
Desde el Parlasur, además, se emitió una declaración tras las visita a Bolivia de la Delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del cuerpo luego del golpe de Estado producido en el vecino país.
La comitiva denunció la violación a los Derechos Humanos y exigió «el avance en el diálogo representativo de todos los actores políticos y sociales democráticos del Estado Plurinacional de Bolivia; el avance del cronograma electoral alcanzado por acuerdo de los bloques de la Asamblea Legislativa; la debida reparación a las víctimas y la promoción de justicia a sus familiares; la garantía de defensa y debido proceso a las personas que continúan en prisión luego de las manifestaciones; salvoconductos a asilados que así lo solicitan; juicio y castigo a los grupos de odio e intolerancia que operaron como paramilitares; una ley de garantías constitucionales que permita la reparación de la violación a los derechos y ningún tipo de persecución a ciudadanos y ciudadanas por ninguna razón política ni de identidad; la no participación de las fuerzas militares para reprimir las protestas sociales y políticas; diálogo nacional y cese inmediato a la represión social, a la persecución y a los actos discriminatorios sobre los pueblos originarios; la conformación de una comisión formada por distintos organismos regionales e internacionales que acompañen el proceso de restitución de todos los mecanismos constitucionales».
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