Por Bernardo Salduna (*) 

 

Decía el historiador Félix Luna: “Tener un partido como la Unión Cívica Radical es un lujo. Ningún país de América Latina y muy pocos del mundo pueden jactarse de contar, dentro de su espectro político, con un partido cuya antigüedad de más de ochenta años (hoy son más de cien) exhibe una continuidad tan impresionante. Una fuerza así que ha sido mayoritaria en algún momento y todavía atesora un importante caudal de voluntades, que practica una democracia interna y está organizado hasta en el último pueblo del país, constituye un importantísimo factor de estabilidad institucional y un canal insustituible de pacíficas transferencias de valores políticos”. 

Si tal afirmación resulta válida en el orden nacional, lo sería, con mayor razón en el “pago chico”.

Una de las primeras aplicaciones de la Ley Sáenz Peña-voto secreto, universal y obligatorio- se dio precisamente en Entre Ríos el 7 de junio de 1914: en elecciones libres y democráticas fue electo gobernador el candidato de la Unión Cívica Radical Dr. Miguel Laurencena.

El suyo fue el primero de una larga serie de gobiernos radicales –desde 1914 a 1943- a los que caracterizaron entre otras cosas, una estricta honradez y austeridad en el manejo de la cosa pública, una correcta administración y un espíritu realizador y progresista traducido en una gran cantidad de iniciativas de mejoramiento económico-social.

Nada más algunos datos: en 1914 la población de Entre Ríos era de 425.373 habitantes, y en 1942 de 840.856, es decir se duplica. Las Cooperativas eran siete en 1914, más de doscientas en 1940. En ese año un censo determina que, sobre 20.000 propiedades rurales, solo 65 superaban las 10.000 hectáreas, lo que habla de una equitativa distribución de tierras, casi todo el territorio se había colonizado, no existían tierras fiscales.

En 1933 se creó el Banco de Entre Ríos, entidad oficial que habría de cumplir una notable tarea de apoyo financiero a la producción. En 1914 existían 597 escuelas con 1.207 maestros y 60.000 alumnos. En 1942 había 1,133 escuelas con 3.800 maestros y más de 120.000 alumnos. 

Era Entre Ríos, por entonces, una de las provincias argentinas con menor número de analfabetos.

En 1933 una Convención reformadora dictó la Constitución de avanzada, que estableció normas de trabajo, creó el recurso de amparo y habilitó el voto de la mujer.

Los nombres de Laurencena; Etchevehere; Marcó; Mihura; Tibiletti , Quiroz han quedado grabados indeleblemente en la memoria de los entrerrianos, recordados por sus obras de progreso . Y, más acá Uranga, Contín o Sergio Montiel. Muestra en suma el radicalismo, más que sobrados antecedentes, para tallar fuerte en la política entrerriana.

En la actualidad, formando parte de una coalición de distintos partidos, a través de funcionarios y legisladores, cogobierna la provincia.

Y gobierna directamente una gran cantidad de municipios, entre otros el muy importante de Concordia, la segunda ciudad de la Provincia, arrebatada al Peronismo, partido dominante en los últimos 40 años.

Con mayor o menor fuerza, según las circunstancias, mantiene una estructura de lealtades y afinidades hasta el último pueblo entrerriano. Es difícil encontrar algún paraje donde no haya uno, o una radical.

En estos momentos, en cumplimiento de las normas de democracia interna, que han sido la constante desde su fundación, deben renovarse en la UCR autoridades partidarias en los distintos cuerpos de conducción provincial.

En líneas generales, y respecto al candidato a proponer para encabezar el Comité Provincial, pareciera existir consenso en la figura del actual presidente municipal de Concordia.

En definitiva, no interesan tanto los nombres propios de hombres y mujeres que se propongan para los distintos cargos, sino el rumbo que, para los tiempos que vienen, ha de tomar el histórico partido.

Y que tendrá que definir el Congreso Partidario; el Comité Provincial y demás organismos locales.

Si no me equivoco en mi apreciación acerca de la realidad partidaria, estimo que, en general, no habrá mayores objeciones a mantener la actual alianza formada con el PRO, Coalición Cívica, MID y otras fuerzas que llevara a Rogelio Frigerio a la Gobernación.

La discusión ha de centrarse en la posibilidad de ampliar el acuerdo y extenderlo a otras corrientes o partidos: más propiamente al oficialismo a nivel nacional, esto es La Libertad Avanza (LLA). A algunos podrá gustar más o menos que a otros la posibilidad. Se podrá estar o no de acuerdo, pero no se debe soslayar el debate, amplio, franco y abierto.

Si hemos de definir el radicalismo de los tiempos actuales debe ser: liberal en lo político- institucional, y defensor a ultranza de los Derechos Humanos y las libertades ciudadanas; pragmático en lo económico (tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario), defensor de la educación pública y  del Estado en sus funciones indelegables (salud, seguridad, justicia, defensa). Quizá, y más que un acuerdo de tipo electoral con LLA, como proponen algunos, podría pensarse en listas separadas, acordando sostener objetivos comunes en los que existan coincidencias.

Con los llamados “libertarios” podrían encontrarse puntos comunes, por ejemplo, en el plano de sostener el equilibrio de las cuentas públicas, reformar el Estado y contener la inflación. Y discrepancias, sobre todo en ciertos modos y actos de gobierno, que parecen afectar o debilitar la calidad institucional, sobre todo en lo que hace a la división de poderes.

En algo que sí puede existir coincidencia de enfoques es el federalismo. Aludiendo a una votación reciente, y el extraño cambio de actitud de algunos legisladores, se sinceró el senador nacional por Mendoza (UCR) Dr. Rodolfo Suárez: “Este tipo de situaciones ocurren porque el país no tiene presupuesto y todo depende del Presidente. El Gobierno maneja los fondos discrecionales para negociar con los gobernadores y presionar a los legisladores”.

En esta línea el Presidente Milei propuso en su momento el llamado “Pacto de Mayo”, que suscribieron gobernadores del Radicalismo y afines. Hay un punto interesante: “la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias”.

El radicalismo en su Carta Orgánica se define como continuador del federalismo histórico.

Si en este aspecto, -es decir, fortalecer los poderes financieros y tributarios de las Provincias- que, con el declarado propósito de evitar “extorsiones” a los gobernadores, propone el actual gobierno, pueden encontrarse coincidencias, con otras fuerzas políticas, no debieran vacilar los radicales entrerrianos en defenderlo a rajatabla.

 

(*) Ex diputado nacional por la UCR. Ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Fuente: Página Política