“No vamos a aceptar ningún condicionamiento que perjudique derechos adquiridos”, aseveró José Allende, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), una de las patas del la CGT que negocia la redacción final que tendrá la reforma laboral que debate el Congreso de la Nación.

“Estamos discutiendo en el marco de la CGT este tema. Se rechazan los aspectos que afecten la ultraactividad, los convenios colectivos de trabajo”, ahondó Allende que, de todos modos, puso el acento en la estrategia posterior a una eventual sanción del proyecto: “Se trabaja en la presentación judicial”.

Mientras tanto, en la conversación con los delegados de Casa Rosada y con los gobernadores que imponen el criterio de votación a los legisladores de sus provincias, la CGT se sienta en la mesa con sus puntos innegociables. Se vinculan con preservar los derechos colectivos que sostienen el modelo sindical argentino.

 

Punteo

En un repaso publicado por ElDiarioar, se menciona allí la protección al derecho a huelga, que se encuentra amenazado por la ampliación del listado de “actividades esenciales”, para las que se impone en el proyecto oficial la obligación de garantizar un “servicio mínimo” del 75% de la actividad en caso de una medida de fuerza.

Otro punto sensible es el que refiere a las obras sociales sindicales. La CGT denuncia que entran en crisis si se recortan los aportes patronales que las financian.

Además, se cuestiona “la ultraactividad” de los convenios colectivos, que supone la continuidad de su vigencia a su vencimiento mientras se negocia uno nuevo. El proyecto de Milei prevé que caigan las cláusulas de los convenios que refieren a aportes sindicales y cuotas solidarias, entre otros compromisos sindicales que rigen para afiliados y no afiliados. Para la CGT, este punto es clave porque eliminaría la obligatoriedad de las cuotas solidarias que aportan los trabajadores no afiliados, ante cada conquista salarial lograda en el marco de la negociación colectiva.

Finalmente, otro punto cuestionado por la CGT tiene que ver con la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), una alternativa al régimen de indemnizaciones que se financiaría con el aporte obligatorio del 3% que los empleadores destinan a la seguridad social. Es decir que el proyecto plantea financiar las indemnizaciones con el dinero destinado a las jubilaciones.

 

Justicia

“La presentación judicial está lista. Al no estar la ley sancionada, sería abstracto presentarla. Pero está lista si se avanza con este proyecto de reforma laboral”, advirtió Allende en diálogo con Página Política.

Recordó que “ya con el DNU 70 la ganamos en lo laboral”, dijo en relación al fallo que declaró inconstitucional el Título IV del decreto, referido al régimen del trabajo.

“Ahora esto está agravado porque el Gobierno quiere sacar el fuero laboral de la Justicia. Creemos que más a nuestro favor va a salir un pronunciamiento judicial”, enfatizó Allende. Este miércoles, sesiona el Consejo Directivo nacional de UPCN, con las negociaciones por la reforma laboral en agenda.

Fuente: Página Política