El sábado se cumplió un año de la conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos (CPPT), un avance importante por el que la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) viene reclamando desde hace tiempo.
El 15 de junio del 2023 se celebró en Villaguay la Asamblea Abierta en la que se eligieron dos representantes de la sociedad civil para integrar el comité, con lo que quedó formalmente conformado el mecanismo local de prevención de la tortura, que tiene por objetivo la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad en todo el ámbito de la provincia.
Este importante paso, sin embargo, no termina de consolidarse “debido a la imposición de obstáculos burocráticos y dilaciones que no tienen otra explicación que una evidente falta de responsabilidad institucional y voluntad política del actual gobierno provincial”, explicaron desde los organismos en un comunicado. La implementación del comité es una deuda de larga data, si se tiene en cuenta que el primer proyecto de ley se presentó en la segunda gestión de Sergio Urribarri y, durante las dos gestiones de Gustavo Bordet, hubo cambios sin que se termine de implementar de una buena vez.
En el año 2012, a través de la sanción de la ley 26.827, se creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Mediante la reglamentación de esta norma se instruyó a las provincias a adoptar mecanismos de prevención.
Ante la quietud, en los primeros días de septiembre de 2016 ingresó un proyecto de declaración en el Senado con la firma del representante de Gualeguay enrolado en Cambiemos, Francisco Morchio, quien manifestó su “preocupación” por los “casos de tortura realizados en Entre Ríos”.
“En estos seis meses el gobierno de Rogelio Frigerio ha venido impidiendo sistemáticamente que el Comité pueda ejecutar su presupuesto aprobado por ley, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo. De este modo se imposibilita el pleno desarrollo operativo de sus actividades, como la puesta en funciones del Secretario Ejecutivo seleccionado por concurso público”, reclama el texto difundido este fin de semana.
En esta línea, los organismos hicieron saber que tampoco han cumplido con el recambio del representante del Poder Ejecutivo (un representante) ni de los tres representantes del Poder Legislativo (dos por diputados y uno por senadores). Esta decisión de dilatar sistemáticamente las designaciones, además de generar una anomalía de la representación estatal en el comité, incumple la Ley N°10.563 y su modificatoria N°11.059, vigentes en nuestra provincia.
“Desde los organismos de Derechos Humanos vemos con profunda preocupación el desfinanciamiento y vaciamiento del Comité Provincial. Ante esta situación, hemos presentado notas a las presidencias de las cámaras de diputados y de senadores de Entre Ríos, presidentes de los distintos bloques legislativos y a la directora general de Derechos Humanos de la Provincia, Gracia Jaroslavsky. No hemos recibido respuesta”.
Ante este escenario, exigieron a las autoridades del gobierno provincial “que cumpla de manera inmediata con sus obligaciones y resuelva esta lamentable situación”.
Fuente: Página Política
