El Consejo de la Magistratura quedó nuevamente en la mira de la Justicia. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, a cargo de la vocal Alicia Viviani, hizo lugar a una medida cautelar por la cual se solicita la suspensión de los trámites correspondientes al Concurso Nº 171 hasta que se resuelva el amparo por el que se cuestiona el accionar del organismo de evaluación de integrantes del Poder Judicial. En rigor, lo que se ordena es la suspensión de las audiencias en el Senado a Nélson Daniel Alú y a Carlos Federico Tepsich, candidatos a dos vocalías en la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial de Concepción del Uruguay, supo Página Judicial.
La demanda, es decir el amparo, lo interpuso Valeria María Barbiero, quien quedó tercera en la terna debajo de los impugnados. Tepsich logró 89 puntos; Alú 85,33 y la demandante 73, 9. El jurado titular de ese concurso lo integró Gabriela Mastaglia, Carlos Moro y Enrique Pita.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, quien debe dar acuerdo a los pliegos, decidió plegarse a la solicitud de la medida cautelar y suspendió las audiencias previstas para este miércoles. No es para menos. Ese cuerpo tiene un antecedente que se remonta a una década. En 2007 un grupo de senadores desoyó un perdido del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de no dar acuerdo a dos pliegos.
Fue el caso del polémico concurso 25 del Consejo de la Magistratura que comenzó con un amparo interpuesto por Mario Alberto Quintero, quien ni siquiera había sacado los puntos necesarios para pasar a la tercera fase del proceso de evaluación (la entrevista personal) quedando en el puesto 14 de la grilla. El hombre, disconforme con la evaluación, impugnó la prueba con una presentación en lo constensioso administrativo. El STJ había puesto al aplazado concursante al frente de la Sala I de la Cámara II Civil y Comercial de Paraná, organismo por el que competía. Vueltas de la vida. En aquella oportunidad cayó en la volteada Mastaglia. La otra perjudicada fue Ana María Celia Stegnaro.
Diferencias en el STJ
“Disponer la suspensión –en el ámbito del Honorable Senado de la Provincia y del Poder Ejecutivo Provincial- del procedimiento tendiente a la eventual designación de magistrados para cubrir los cargos de vocales de las Cámaras II y III con competencia en lo Civil y Comercial (de la capital entrerriana) que reconozcan como antecedente el Concurso Nº 25 convocado mediante Resolución Nº 117/06 del 20/02/06 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y ordenar al titular del Poder Ejecutivo Provincial abstenerse de producir los nombramientos respectivos”, resolvió el STJ.
Sin embargo no todos tuvieron la misma postura y se diferenciaron respecto a si la decisión de suspender los nombramientos es o no una injerencia en las facultades del Poder Ejecutivo. Bernando Salduna entendió que “pretender impedir al Senado la aprobación de un pliego, o al Gobernador dictar el Decreto de nombramiento, significaría en la práctica una indebida injerencia del Poder Judicial en una esfera que no es de su competencia ni atribución” y agregó que “a propuesta de un pliego por parte del Ejecutivo al Senado, así como la aprobación o el rechazo del mismo por parte de éste, son actos estrictamente de decisión política, por consecuencia irrevisables en sede judicial”.
Con ese argumento coincidió Emilio Castrillón. “Prohibir a otro poder del Estado el ejercicio de sus facultades significa violentar la división de poderes”, falló el magistrado.
Una opinión contraria tuvo su entonces colega Silvia Nazar. La jueza dijo que “en principio, todos los actos y normas están sujetos al control judicial, y que estas pautas no violan el principio de división de poderes”. “Es necesario que el Poder Judicial tenga amplios controles, para que pueda hacer funcionar la `barrera de contención´ de los otros poderes”, sostuvo.
Procesados
Finalmente, el Senado, por orden del entonces gobernador Jorge Busti, dio luz verde para que se siga adelante con el procedimiento de designación. Los legisladores ignoraron la orden judicial.
Una vez dado el acuerdo a los pliegos, en la sesión siguiente, ingresó al cuerpo legislativo el oficio 1485 en el que el titular suplente del Juzgado de Instrucción Nº 2, Carlos Ríos, solicitó los desafueros de los miembros de la Comisión de Acuerdos del Senado de entonces: Carlos Garbelino (PJ ), Victorio Firpo (PJ ), Mariano López (PJ ), Juan Ramón Fleitas (PJ ), Julio Majul (PI ), Luis Luna (UCR ) y Argain. El pedido no fue concedido, pero la causa continuó y la de “desobediencia” judicial no comprendió a un grupo, sino al Senado casi completo de entonces que se completaba con Héctor Strassera (PJ), Oscar Herdt (PJ), Graciela Yolanda Zambón (UCR), Eduardo José Jodor (PJ), César Eduardo Melchiori (PJ), Teresa Ferrari de Grand (PJ), Hugo Berthet (PJ), Luis Miguel Leiva (PJ), Sergio Gabriel Marsiglia (PJ). Sólo el senador Carlos Orlandi (PJ) zafó de la imputación porque no había participado de las audiencias en las que se dio acuerdo.
