Con el correr de las horas, se hicieron oír también las quejas de las organizaciones del campo en contra de la Emergencia Económica, Financiera, Fiscal, Sanitaria, Administrativa y Previsional convertida en ley el jueves.

La norma prevé en el artículo 9 “un aporte extraordinario equivalente al 10% del Impuesto inmobiliario” en propiedades de más de mil hectáreas.

El domingo se conoció la dura posición en contra planteada por parte de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), medida que se leyó como “un reconocimiento al rojo del Estado y a la impericia para resolverlo, la escasez de imaginación y la resistencia a un verdadera reforma político administrativa”.

Farer fijó su posición política y criticó al justicialismo que cumplirá 20 años consecutivos en 2023 al frente de la Casa Gris: “El cráter en las finanzas públicas y en la Caja de Jubilaciones es un ‘mérito’ propio”. “Lamentamos que, en pleno incendio de las cuentas públicas producto de ese Estado gigantesco, ineficiente y burocrático, la idea para apagar el fuego no fuera una mirada hacia adentro. Todo lo contrario: la política no ha tocado sus cimientos”, criticó la organización para la que “aumentando impuestos no se resuelve nada, ya que son unas monedas más para un Estado voraz, que las dilapidará, y muchas monedas menos en los bolsillos de los entrerrianos”, dijeron al criticar, también, el incremento de impuestos a los bancos y a las droguerías porque dieron por hecho que “esas cargas impositivas serán transferidas al consumidor”.

“La pobreza abruma. El desempleo arrecia. La recesión angustia. Y en ese escenario, la política de panza llena ni se le ocurre empezar el esfuerzo por casa. Los privilegios de la política y del Estado están muy lejos de la empatía que se necesita en estas horas.
La provincia está enferma y sufre. Pero otra vez han equivocado el remedio”, concluye el texto.

Mil hectáreas

Por su parte, la Rural de Concordia cuestionó el carácter de “solidaridad” con la que pretende investir a la emergencia. “No se puede hablar de solidaridad cuando pocos sectores terminan pagando con mayor carga impositiva el desastre económico”, criticó la entidad que disparó contra “una pésima administración, los nombramientos injustificados de funcionarios no idóneos, corrupción en el manejo de los fondos, estructura sobredimensionada utilizada para clientelismo político, condenando a una de las provincias más ricas del país a vivir con las cuentas fiscales en rojo y tener que arrastrarse frente al Gobierno Nacional para poder sobrevivir”.

Para la entidad, la ley expresa “un total desconocimiento del sector agropecuario, de la diversidad de la producción entrerriana como de la variedad geográfica porque siempre salir de este pozo económico es confiscando capital de trabajo a sectores de la sociedad que son los principales generadores de recursos genuinos, violando la igualdad ante la ley, impidiendo el desarrollo económico y gestando mayor dependencia del Estado.

Se asegura que es demagogia apuntar al sector con más de mil hectáreas (el 3% de los productores según se informó oficialmente) y se comparó: “Mientras un productor de mil hectáreas invierte en un año más de 3,5 millones de pesos, obteniendo una magra rentabilidad, un legislador de la provincia lo gana cómodamente sin ningún riesgo”.

“La única forma de salir del pozo es dejar de cavar” concluye la Rural de Concordia que reclama ajuste al poder político.