A los ojos de la política, el Gobierno dejó una mala imagen en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles. Se aprobó por unanimidad un proyecto de Juan José Bahillo por el que se aumenta la alícuota de Ingresos Brutos a la actividad de intermediación y servicios financieros, llevándola del 8 al 9%. Esa iniciativa viene a salvar la inesperada marcha atrás que dio el Poder Ejecutivo con su reforma tributaria.
El calificativo de inesperado cabe porque no hubo una explicación oficial sobre el borrón y cuenta nueva que hizo el Gobierno a un mes de su media sanción en el Senado, donde la oposición había hecho el esfuerzo de acompañar porque el oficialismo en esa cámara es minoría.
Al proyecto que se le dio de baja promovía un 50% de descuento por pago contado de los impuestos Inmobiliario y Automotor. Amortiguaba el incremento del 200%. A propuesta del peronismo, que el oficialismo aceptó, se bajó a un 30%. Pero además, el gravamen se iba actualizar por el Ripte, es decir por la evolución de los salarios y no por la inflación como proponía el oficialismo.
Una explicación sensata que se escuchó de una voz oficialista en el recinto en estricto off de record sobre la marcha atrás es que el Gobierno se iba a hacer de fondos frescos ahora, pero de la mitad del año para adelante la recaudación bajaría notablemente. En resumen: pan para hoy hambre para mañana.
El proyecto del peronista Bahillo de gravar a las entidades financieras lo pudo haber presentado también -si hubiese- un diputado de la izquierda. Lo llamativo es que lo haya hecho propio Rogelio Frigerio. Qué dirían sus viejos conocidos del Banco Ciudad, que el Gobernador supo presidir.
El peronismo presta votos e ideas al oficialismo en el Senado, donde está en minoría, pero no alcanza. Ahora le escribe el proyecto para estimular la recaudación.
La reforma a la orgánica policial que propuso el Gobierno superpone funciones. Pretende otorgarle a la fuerza una potestad que por Constitución le corresponde al Ministerio Público Fiscal. La ley que modifica el Reglamento General de la Policía de Entre Ríos (Ley Nº 5654) en sus artículos 5° y 7° crean la “División Investigación de Actos de Corrupción”. Los delitos en la administración pública deben ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción, organismo que fue incorporado en la reforma constitucional de 2008 y que el año pasado fue creada y reglamentada por ley aprobada por unanimidad. Fin.
En caso de pretender crear una estructura para perseguir la corrupción se podría acudir a una vieja manda del Código Procesal Penal de la provincia. Es la creación de la Policía Judicial, una fuerza de élite que dependería del Poder Judicial. Allí sí se nutriría de total independencia a los fiscales, que en la actualidad trabajan con agentes de la fuerza que depende del Poder Ejecutivo, a donde se suelen cometer los delitos.
Este proyecto podría generar un roce con el procurador general Jorge García, a quien el gobierno provincial ya ofendió al designar como presidenta del Jurado de Enjuiciamiento a la senadora peronista Patricia Díaz, esposa de Domingo Daniel Rossi, un enemigo del jefe de los fiscales.
Asoma, por momentos, un desconocimiento del orden jurídico entrerriano. La sociedad no percibe estas cosas, pero al final del camino tienen sus costos.
Fuente: Página Política
