Este sábado por la tarde, cuando un montón de gente de clase media y media baja se proponía romper la cuarentena en varios lugares del país para salir a pedir sin saberlo por la impunidad de los dueños de Vicentin, referentes de organizaciones sociales, políticas y gremiales se disponían a debatir un manifiesto nacional que plantea la soberanía en varios aspectos. Principalmente en el plano de la producción como herramienta para erradicar la pobreza en un mundo globalizado que podría iniciar a transitar un camino inverso.
Que ese día, el sábado, hayan ocurrido estos dos hechos hace más verificable lo que se puso de relieve durante la jornada. Vicentin; una empresa privada que estafó al Estado, de la que depende la producción de alimentos y el valor de los mismos; y un plan antihambre con anclaje en un nuevo paradigma basado en el medio ambiente. Algunos analistas de medios alternativos plantearon, este fin de semana, que la movilización en favor de Vicentin fogoneada por la organización Campo y Ciudad que tiene entre uno de sus arquitectos a Luis Miguel Etchevehere no fue por la empresa misma, sino que detrás de todo eso está el “fantasma de la soberanía alimentaria” y nuevos modos de producción. Quizás el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina no sepa que en los principales think tank del mundo esto empieza a ganar espacio.
Un artículo del último número de El Dipló, la versión latinoamericana de Le Monde, da cuenta que las principales potencias del mundo, ante la desaceleración económica, tratarán de depender menos de China. Esto es repensar estrategias industriales y desacoplar la producción. Un ejemplo concreto: que en Estados Unidos un Iphone no requiera en un 70 por ciento de piezas originadas en el imperio asiático.
Este sábado el partido Podemos difundió un documento titulado Agenda 2023, ahora un país sostenible en el que propone “apostar por un nuevo modelo productivo diversificado, sostenible y soberano, apoyado en una reindustrialización verde que lidere la Transición Ecológica” y “emprender una reforma fiscal progresiva que asegure la financiación del incremento del gasto, afianzado en los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad” . “Si algo podemos aprender de esta pandemia es que la justicia social y medioambiental es la única alternativa al sistema neoliberal, que nos había arrojado a una voraz competencia de todos contra todos, y de todos contra la naturaleza”. Estas palabras no son de un militante de Greenpeace o del Papa Francisco, sino del vicepresidente de España, Pablo Iglesias.
Deshacer y hacer
El Día de la Bandera fue también la jornada para que en torno a un Zoom representantes de trabajadores debatieran en distintos puntos del país un manifiesto de ideas.
El mismo se dio en las ciudades de Mendoza, Rosario, Salta, La Plata, Posadas, Córdoba y Paraná. En el conversatorio virtual de la capital provincial estuvieron los referentes de la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Río (Agmer), Guillermo Sanpedri y Claudio Puntel también del gremio; los dirigentes estatales nucleados en ATE Oscar Muntes y Julio Duran; Alejandro Sologuren, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Sebastián Toobe de la agrupación Martín Fierro; Emiliano Gómez Tutau, secretario del Movimiento Evita; y Mauro Rossi, el referente de la Unión de los Trabajadores de Economía Popular (UTEP). Éste último fue uno de los coordinadores del ámbito deliberativo que se propone a poner en agenda el manifiesto que Estéban El Gringo Castro le presentó a Alberto Fernández el 2 de mayo pasado.
El mismo plantea ocho puntos: soberanía alimentaria; soberanía monetaria y financiera; soberanía fiscal; soberanía productiva; soberanía energética; soberanía marítima; piso de ingresos garantizado; y acceso a la vivienda digna y planificación territorial.
El documento promueve una reestructuración del aparato productivo con el objetivo principal de combatir el hambre que la pandemia dejará, posiblemente, en un 60 por ciento. Para eso se retoman consignas de los movimientos sin tierra que impulsan la vuelta a las zonas rurales, ya no solo para producir el alimento, sino también para oxigenar las grandes urbes. La foto diaria del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la síntesis más ajustada del vivir en el peor de los mundos: hacinamiento, desigualdades, exclusión, contaminación, aislamiento y homofobia.
El manifiesto convoca a crear un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, lo que permitiría alcanzar capacidad de exportación de alimentos sanos y saludables. “En el mercado de exportación de alimentos es necesario declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria. En este aspecto se impone la necesidad de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos”, dice el proyecto. En esa frase se puede inscribir también la pelea por el destino de Vicentin.
Los sectores que apoyan este manifiesto encuadran el subdesarrollismo argentino en “la dictadura militar, la década pérdida del ochenta, el menemismo, el gobierno de la Alianza y la fatídica etapa de Cambiemos”, procesos a los que le endilgan “la dependencia económica y pobreza extrema impuesta por la globalización financiera en nuestro país”. En ese marco apoyan la iniciativa de no pagar la deuda por cinco años y que las utilidades sean el motor de la inversión en saberes tecnológicos. Es urgente también promulgar una reforma tributaria progresiva, iniciativa que la intelectual Beatriz Sarlo dijo que la pandemia si algo tenía que dejar era, precisamente, un esquema tributario justo en la Argentina.
Esta plataforma de ocho puntos aparece en un escenario de confrontación política; de “la grieta” si se quiere, que no permite precisamente discutir los diferentes proyectos de país.
El manifiesto
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