Un proyecto de ley se suma a la saga. El diputado radical, Fuad Sosa, presentó una iniciativa que establece parámetros sobre el comportamiento del funcionario público en sus tres poderes. El texto se suma al letargo de una década de promesas incumplidas.

La propuesta presentada por el legislador – a la que tuvo acceso Página Política – describe en el artículo 2º que “se entenderá por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado Provincial o al servicio del Estado Provincial y /o Municipal o Comunal y de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

El de las declaraciones juradas es uno de los temas cruciales en este tipo de normas que promueven la trasparencia de quienes administran el Estado. Este proyecto rompería, solo en partes, con el secreto de la presentación de bienes de los funcionarios.

Si bien el artículo 9º dice que “en cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas”, solo tiene carácter público una “declaración jurada sintética”. Así lo establece el mismo artículo en el ítem d).

El artículo 13º dice que la persona que acceda a una declaración jurada de carácter público no podrá utilizarla para:

a) Cualquier propósito ilegal.

b) Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión del público en general.

Las declaraciones de bienes, a comparación con los proyectos presentados con anterioridad, recaen con mayor amplitud del funcionariado. A la mayoría de los integrantes de los poderes de Ejecutivo y Judicial, se agrega a funcionarios policiales, miembros de la Cafesg, el Consejo de la Magistratura y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

El artículo 8º explicita que deberá hacer el trámite también “todo funcionario público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones de compra de recepción de bienes participe en la adopción de decisiones de licitaciones o compras”.

Hay un proyecto, con media sanción, que duerme en la Cámara de Diputados hace más de 2 años. Esa iniciativa, en su versión original, establecía la obligación de presentar una nómina detallada de todos los bienes propios “sólo” del declarante; no de su cónyuge; y los que integren la sociedad conyugal como se había planteado con anterioridad en otras propuestas que ni siquiera fueron tratadas.

Ese detalle se modificó en el Senado. Se sumaron al conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. En el caso del cónyuge, el conviviente y los hijos menores que tuvieren ingresos, se indicará la profesión y medios de vida de las personas.