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Justicia y política

Ante el escándalo, dejar pasar 

La presidenta del STJ llamó a “pensar un Poder Judicial a 100 años y comenzar un camino para seguir creciendo y lograr el acceso a la Justicia de verdad”. Evitó referirse al escándalo que oscurece la imagen de quienes integran ese poder del Estado. Los otros silencios.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, recibió este lunes a referentes jurisdiccionales y coordinadores y coordinadoras del programa “La Justicia va a los barrios” para evaluar la tarea realizada durante el año y diseñar el plan de trabajo para 2023. Lo hizo ante una importante presencia de funcionarios judiciales.

En el encuentro ponderó la labor desarrollada durante 2022, donde el programa se ejecutó en 68 localidades, atendió a 1.520 personas en 250 horas de trabajo, y realizó dos jornadas de atención simultáneas en diferentes puntos de la provincia, en las que participaron 25 y 29 jurisdicciones, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra destacó que “esta generación es la que está logrando el acceso a la Justicia de verdad y tiene la enorme responsabilidad de generar ese cambio”. Señaló que Entre Ríos “ha sido pionera y nuestro programa que se ha sostenido desde 2004, profundizado un modelo a exportar, y es por eso que Paraguay está haciendo su experiencia tomando nuestro modelo”, recordó y llamó a “pensar un Poder Judicial a 100 años y comenzar un camino para seguir creciendo y lograr el acceso a la Justicia de verdad”.

Por otra parte, la presidenta del STJ aseguró que “la Justicia tiene conciencia funcional” y que “el poder es efímero y quien lo tiene debe aplicarlo en hacer cosas para la gente”. En esa línea, política, resaltó que “pedir y dar Justicia es una labor íntima. Hacerla en un ambiente de camaradería fortalece los vínculos y así, fortalecemos las instituciones”.

La presidenta del máximo órgano judicial de la provincia evitó hacer mención a un episodio que conmueve al mundo jurídico en todo el país luego de que se revelara una serie de audios que hacen referencia a un viaje a Bariloche y se intentó ocultar porque el mismo evidencia una serie de delitos. El vuelo que se esforzaron en desmentir partió de San Fernando el 13 de octubre gestionado por la empresa Flyzar con destino a Bariloche. Viajaron los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques. También lo hicieron el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; el consultor, Tomás Reinke; y un ex hombre de Inteligencia, Leonardo Bergot. Todos llegaron juntos para ser recibidos en el aeropuerto por Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y el CEO del grupo empresario Jorge Rendo, quienes habrían oficiado de anfitriones durante el fin de semana que compartieron en la residencia de Joe Lewis en Lago Escondido.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, sin embargo, sí le dedicó un amplio lugar en su agenda mediática. En un raid periodístico en medios nacionales y de su provincia señaló que quienes viajaron a Lago Escondido.

El alto magistrado sostuvo que se trata de una situación extremadamente grave y que es parte de un “contexto de patologías institucionales que se terminan naturalizando” y pidió que se investigue a los involucrados porque atentan contra la calidad de la democracia.

“Creo que hay elementos para hacer un análisis objetivo de una situación extremadamente grave, que no es una situación única o autónoma, sino que se inserta en un contexto de patologías institucionales que se terminan naturalizando”, remarcó Erbetta, que a partir del 1º de enero asumirá la presidencia del máximo órgano de justicia de la vecina provincia.

Admitió que se está ante un “proceso de deterioro institucional que lo que hace es bajar la calidad de la democracia”.

La junta federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) fue el primer organismo judicial del país en expresarse sobre los hechos.

“Ante los hechos de público conocimiento se expresa la reafirmación de los principios éticos que deben guiar a la magistratura y la función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad debe tener en sus jueces”, comienza diciendo el comunicado del organismo.

Y sentencia: “Debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”.

La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) no se pronunció sobre los hechos. Tampoco lo hizo el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina. Al menos por sus canales de comunicación. Ambas entidades tuvieron gravitación por estas pampas, como la Jufejus, cuando expresaron su apoyo a Cecilia Goyeneche durante el proceso en el Jurado de Enjuiciamiento. En ese tiempo también lo hizo personalmente el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques. Acá los links de los sitios oficiales de la AAF y el Consejo.

 

Nuestros empresarios

El 20 de mayo pasado sectores empresarios de Entre Ríos -el campo, la industria, el comercio y la Federación Agraria-, nucleados en el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos, clamaron por “seguridad jurídica” cuando interpelaron a los legisladores nacionales de la provincia ante el debate en el Congreso de la Nación de reforma al Ministerio Público Fiscal que pretendía modificar la mayoría requerida para la designación del Procurador y que el cargo del mismo dejara de ser vitalicio.

Se consideró allí que era “preocupante que se avance con una norma de este tipo, que cambia las reglas democráticas básicas y altera la seguridad jurídica, en un momento de vulnerabilidad como el actual, en el que la sociedad está pendiente de otros problemas”.

Los firmantes eran la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; Bolsa de Comercio de Entre Ríos; Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos; Corporación Para el Desarrollo de Paraná; Consejo Empresario de Entre Ríos; Federación Agraria Argentina Entre Ríos; Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Federación Entrerriana de Cooperativas; Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos; y Unión Industrial de Entre Ríos. Nada se ha dicho desde estas entidades ante los hechos narrados y la posibilidad de que se estropee la “seguridad jurídica”.

Fuente: Página Política
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