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Beraldi, Rusconi y la Fiscalía Anticorrupción

Los dos reconocidos penalistas fueron propuestos para integrar un jurado técnico para el concurso por el cual se integrará el naciente organismo que tendrá la función de investigar los delitos contra la administración pública.

El primer paso para convocar al concurso para la Fiscalía Anticorrupción fue un tropiezo. No hubo quórum para conformar un jurado técnico. Fue en la asamblea del 27 de diciembre. Todo pasará para el 1º de febrero, según reconstruyó Página Política.

Para la elección del jurado cada uno de los estamentos debe enviar al Consejo de la Magistratura una nómina de candidatos. En los últimos días del año hubo ruido cuando María del Luján Giorgio amagó con dar un paso al costado y no representar a la Asociación de Magistrados en el organismo.

La novedad sobre el final del 2022 estuvo, sin embargo, en el campamento de los abogados. La entidad que los aglutina propuso para integrar el jurado a dos nombres de referencia en derecho penal: Carlos Beraldi y Maximiliano Rusconi (en la foto con el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Alberto Bueres). Se trata de los abogados de Cristina Kirchner. Rusconi ya es conocido en los tribunales de Paraná porque representa a José Ángel Allende, junto con Leopoldo Lambruschini.

Los dos reconocidos penalistas de Buenos Aires están matriculados en Entre Ríos con domicilio en el estudio jurídico de Raúl Barrandeguy, en calle Tucumán al 300. Pero su participación en el jurado tuvo resistencia en el Consejo de la Magistratura. Se la adjudican a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.

La lista, entonces del Colegio de la Abogacía, con la firma de Alejandro Canavesio, anotó finalmente a Patricia Carruego, José Velázquez, Miguel Ángel Federik, Pablo Franco, Emilio Fouces, Candelario Pérez, Jorge Romero, Luis Stello y Ladislao Uzín Olleros.

La que mayor chances tiene, según fuentes del organismo consultadas por este medio, es Carruego, una abogada de Rosario del Tala.

La creación de la Fiscalía Anticorrupción, como lo manda la Constitución reformada en 2008, fue aprobada en la Legislatura por unanimidad de las fuerzas políticas. El organismo, que dependerá del Ministerio Público Fiscal, tendrá como función promover investigaciones ante la comisión de posibles delitos contra la administración pública. Podrá actuar por denuncia o de oficio.

La estructura tendrá un fiscal anticorrupción, con asiento en Paraná y con jerarquía de procurador adjunto; dos fiscales adjuntos, uno en la capital provincial y otro en Concordia, que tendrán jerarquía de agentes fiscales y dependencia directa del fiscal anticorrupción; y un abogado con jerarquía de fiscal auxiliar.

Fuente: Página Política
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