Gustavo Bordet asumió la Gobernación con una ley que estructura la administración de una manera que no se condice con la que el mandatario entrante finalmente gobernará. Es, entonces, una de las cuestiones más urgentes que deberá resolver.
El gobierno se rige en la actualidad con una ley de ministerios, la 10.093, pese que se le haya dado sanción definitiva a otra que la reforma pero que quedó nonata porque el Poder Ejecutivo no la promulgó. La nueva Constitución establece que si la ley no es promulgada por el gobernador esa acción se promueve tácitamente, pero una norma no está vigente hasta tanto se publique en el Boletín Oficial. La forma de subsanar ese vacío también lo prevé la carta magna reformada en 2008 cuando le concede a los presidentes de las cámaras, por entonces José Cáceres o José Allende, reclamar la publicación en un diario masivo. Nada de todo esto sucedió. Una anécdota más para la deuda institucional de Sergio Urribarri.
Cuando la Legislatura aprobó la reforma de la 10.093 lo hizo con la intención de sumar a la estructura de 10 ministerios la Jefatura de Gabinete, que iba a ocupar Mauro Urribarri. Ese organismo que tuvo como debutante en funciones a Hugo Ballay iba a tener atribuciones casi propias de un gobernador. Eran tan amplias que muchas quedaban bajo sospecha de inconstitucionalidad.
Este viernes, con la jura de funcionarios, se conoció cuál será la estructura de gobierno de Bordet. Edgardo Kueider lo hizo como secretario general de la Gobernación. En los papeles es el lugar que supo ocupar Sigrid Kunath, pero en lo político será otra cosa a que lo de la senadora fue para Urribarri.
La Jefatura de Gabinete finalmente quedó afuera de la arquitectura administrativa. También los ministerios de Trabajo y Educación, lo que implica una reforma de la ley de ministerios, ya que en cuestiones administrativas esas dos áreas quedarán en la órbita del Ministerio de Gobierno, a cargo de Urribarri hijo. Salud y Desarrollo Social volverán a ser dos ministerios.
La marcha atrás con el manejo de la Policía por parte de la nueva Secretaría de Seguridad a cargo de Héctor Massuh pudo haber sido impulsada por cuestiones políticas, pero también había una traba jurídica. La Ley de la Policía, en su artículo 3º, establece que la fuerza depende del ministro de Gobierno. Si Massuh quiere quedarse con el manejo de la fuerza se deberá también reformar la ley por la que se rige la Policía. Es posible que haya primado un acuerdo político para que Massuh sea el nexo con la fuerza que condujo durante más de una década y no el hijo del gobernador. Los especialistas señalan que sería conveniente que la Policía, de carácter verticalista, tenga un solo jefe político.
En el primer día hábil de gobierno Bordet tiene una ley con 10 ministerios y otra que la reforma, que no entró en vigencia y quedó desuso.
