El gobierno provincial le respondió a las entidades rurales, en rigor la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y la Sociedad Rural de Concordia, que criticó al oficialismo por haber aprobado la Ley de Emergencia Solidaria.

“Lamentamos que, en pleno incendio de las cuentas públicas producto de ese Estado gigantesco, ineficiente y burocrático, la idea para apagar el fuego no fuera una mirada hacia adentro”, manifestaron los ruralistas apuntando a un “un Estado voraz”.

Fue el diputado Néstor Loggio quien salió al cruce. Afirmó en respuesta a las entidades rurales que el gobernador Gustavo Bordet mantiene como premisas principales de su administración “el orden, la austeridad y la transparencia en los gastos públicos” y apuntó que la ley de emergencia contribuirá a sostener servicios esenciales para la comunidad en estos momentos de crisis.

“Somos una democracia, donde es el pueblo por mayoría el que elige quien gobierna siguiendo las pautas de un sistema representativo, republicano y federal, asentado en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Su funcionamiento requiere financiamiento”, expresó.

“Los largos años de nuestra historia reciente en los cuales el pueblo argentino vivió bajo dictaduras genocidas – prosiguió el legislador – tuvieron un lema: Achicar el Estado es agrandar la Nación. El autor de la frase es Ricardo Mansueto Zinn, viceministro de Economía de quien fuera titular de la Sociedad Rural, José Alfredo Martínez de Hoz, y uno de los gerentes favoritos de Franco Macri en Socma, quien lo eligió para ser mentor de su hijo mayor: Mauricio”.

“Pese a lo pomposo de esta frase, los gastos y las deudas aumentaron durante esos años negros. Lo mismo ocurrió cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia: hablaron de achicar el gasto y lo multiplicaron, endeudando a generaciones de argentinos por más de cien años”, sostuvo.

“Nadie puede hacerse el distraído con eso. Tampoco en reconocer que, desde que Gustavo Bordet se hizo cargo de la provincia, ha reducido en 4 mil agentes la administración pública sin despedir a nadie, evitando los reemplazos por jubilaciones salvo en educación, justicia y seguridad. También hay que reseñar que redujo 200 cargos de funcionarios”, dijo.

También apuntó que el mandatario provincial tiene un sueldo “más bajo” que muchos gerentes de firmas radicadas en la provincia, siendo que se trata del cargo público más importante con una enorme responsabilidad.

El legislador reconoció que el sistema tributario actual carga con muchas injusticias. Como eje central, marcó que está sustentado en los impuestos al consumo, principalmente el IVA “que pagan desocupados, los trabajadores y las clases medias al mismo valor que los más ricos y pudientes de la sociedad. Debemos cambiar esto y lograr que los que más tienen, más aporten”, definió.

Sobre esta base, recordó que el segundo tributo más importante en la Argentina es el impuesto a las ganancias. “Pero cuando lo desagregamos, vemos que los principales aportantes son los trabajadores mejores remunerados. Este sector contribuye más que los grandes empresarios y los ricos, que aprovechan vericuetos legales y la ingeniería financiera para no pagar”.

“Como si esto fuera poco – señaló – durante el gobierno de Macri, el presidente se bajó para él y su círculo el impuesto a los bienes personales, por lo que terminaron pagando menos que antes. De allí la reflexión de Ángela Mérkel, la Canciller alemana, que no entiende porqué los ricos argentinos tributan tan poco”.

Loggio señaló por otro lado que “todos saben que, producto de la pandemia, los ingresos públicos han caído estrepitosamente. No sólo en Entre Ríos, en todo el mundo. Basta con leer cualquier diario extranjero para saberlo. Por ello el Gobernador pidió un esfuerzo a activos y pasivos provinciales y a las empresas privadas porque hay que sostener el sistema público”, explicó.

Como ejemplo, citó que a la fecha el Gobierno de Entre Ríos ya ha invertido $ 100 millones de pesos más que durante 2019 en materia de seguridad y salud. Parte de estos fondos fueron a poner en condiciones los Hospitales de la Baxada en Paraná y el Centenario de Gualeguaychú “que el Gobierno de Macri abandonó”.

“Si no hay aporte extraordinario, no se podrá sostener en medio de esta crisis a la Caja de Jubilaciones”, reflexionó.

Subrayó que el aporte extra del inmobiliario rural está vinculado con un concepto “democrático y justo” que existe para la formulación del tributo en la diferenciación de 37 áreas productivas distintas en el territorio provincial. “Algunas tienen un valor hectárea alto y otras no. Aportarán según ese esquema equitativo que está vigente en el avalúo fiscal y que las entidades rurales avalan cada año cuando conversan sobre el tributo con el Ministerio de la Producción”, consignó.

Luego, puntualizó: “De 60 mil explotaciones rurales, sólo un mil tributarán el aporte extraordinario mientras dure la emergencia. Esto es: dos de cada cien productores”, describió.

Por último, recordó que países del llamado primer mundo, como Estados Unidos, o con alto nivel de desarrollo humano, como Australia o Nueva Zelanda, tienen valores de impuesto sobre la tierra “mucho más altos” que los vigentes aquí.