Un proyecto de ley, que debate la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, impulsa una flexibilización de los requisitos para presentar una Iniciativa Popular a nivel local.
La herramienta, que previó la Constitución provincial reformada en 2008, fue reglamentada en la Ley Orgánica de Municipios. Se requiere el 3% del padrón de la ciudad, con firmas certificadas ante escribano o juez de paz, para presentar un proyecto de ordenanza que el Concejo Deliberante deberá tratar en no más de seis meses.
La intención de la diputada Mariana Farfán es que ese piso se reduzca al 1% del padrón y aún más (el 1 por mil) en el caso de que la iniciativa se refiera a problemáticas específicas como niñez, discapacidad, asuntos de violencia de género, con el criterio de promover la participación de la ciudadanía en estos temas, en vez de complicarla.
Se consignó en este portal que la herramienta consagrada por la Constitución, en su artículo 49, no había sido “estrenada” por los entrerrianos. A raíz de esa publicación, un lector de Página Política hizo conocer la experiencia de un grupo de vecinos de Urdinarrain que reunieron las firmas, las certificaron, presentaron una propuesta al Concejo Deliberante pero no tuvieron suerte porque la idea fue rechazada.
Se trataba de la adhesión del municipio a la Ley Micaela, Nº 27499, que prevé la capacitación obligatoria en perspectiva de género a los funcionarios de los tres poderes del Estado. No implicaba una simple adhesión, sino una exhaustiva reglamentación con las pautas precisas de cómo llevar adelante la instancia de formación en Urdinarrain.
Mónica Feyt, docente, dirigente del peronismo de la ciudad, junto a un grupo de vecinos y con la asesoría de la Fundación “Micaela García”, impulsó la reunión de firmas. Se juntaron 304 rúbricas, certificadas, superando así el piso de 248 ciudadanos.
La campaña para la reunión de las firmas fue anunciada junto a Néstor Yuyo García el 17 de mayo de 2019. Mientras se desarrollaba la tarea, el Concejo aprobó por unanimidad una adhesión simple a la Ley Micaela que entró en vigencia bajo el número de Ordenanza 1.240/19. Cuando llegó la Iniciativa Popular para su tratamiento, se consideró que el asunto ya estaba legislado y se descartó así la primera experiencia de esta herramienta constitucional a nivel municipal.
En diciembre, hubo cambios políticos en Urdinarrain: el vecinalismo, con un partido denominado Frente para Todos, asumió el poder local luego de más de 30 años de gobierno de mandatos consecutivos de la Intransigencia Popular. El peronismo, que llevó a Feyt como candidata, se ubicó en tercer lugar.
La nueva composición del Concejo Deliberante aprobó una reforma a la Ordenanza 1.240 de adhesión a la Ley Micaela. En la reforma, se reflotó uno de los puntos de la Iniciativa Popular: la creación de un Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres que hoy está vigente por Ordenanza Nº 1306.
