La novedad en la semana en la que tomó estado parlamentario el proyecto de reforma previsional fueron las voces que surgieron del sector pasivo del Poder Judicial. Los ex vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Bernardo Salduna y Emilio Castrillón, anticiparon que el texto ingresado al Senado para ser abordado en dos comisiones tiene artículos que pueden ser declarados inconstitucionales.
Salduna y Castrillón fueron representantes de los principales partidos de la provincia. La UCR y el Partido Justicialista. El radical tiene un libro en el que interpreta la reforma constitucional del 2008; el peronista tuvo una larga trayectoria en la Legislatura provincial.
En la pirámide de observaciones- que no son pocas en el ámbito judicial- se subraya la delegación de facultades por parte del Poder Legislativo al Ejecutivo para ejecutar aportes solidarios. En el artículo tercero, inciso C, se autoriza al Gobernador a “establecer aportes y contribuciones, con carácter solidario o excepcional, por plazo determinado, a cargo de los afiliados activos o pasivos, sus empleadores, y beneficiarios de jubilaciones, pensiones o beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones y/o el Poder Ejecutivo; así como límites máximos al monto de los beneficios que superen quince (15) haberes mínimos”.
La última emergencia (llamada solidaria) fue durante la cuarentena por el Covid-19. Fue en el marco de una pandemia global y puesta en vigencia por ley.
La implementación de topes, por otra parte, cuenta con fallos adversos de la Corte Suprema de Justicia.
El artículo siguiente, el cuarto, sostiene que “en razón del estado de emergencia declarado y con el fin de mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial, se establece un aporte personal extraordinario adicional”. Estamos hablando de un aporte extraordinario sobre el ya extraordinario del artículo anterior. A Daniel Elías, el ex presidente de la Caja, también le llamó la atención.
En tribunales, uno de los estudiosos que se abocó los últimos días a desmenuzar el proyecto, se preguntó por los argumentos con los que el Gobierno dictaría la emergencia. Una respuesta podría ser los 43 mil millones de déficit por mes. En este punto habría que calibrar la comunicación. Se encontró con reinteradísimas declaraciones ante la prensa de Rogelio Frigerio y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, aludiendo a la notable gestión que ha permitido bajar el déficit, conseguir aportes adeudados de Nación y por el incremento en aportes aplicados hace un año y medio.
En el Poder Judicial, por caso, las actualizaciones se llevan adelante por la Ley de Enganche, un sistema por el cual la Corte propone un incremento, el Poder Ejecutivo Nacional lo homologa y automáticamente se aplica en Entre Ríos. Esto es para activos y pasivos. Ahora, la reforma, plantea para los jubilados la paritaria que corre para los demás estatales. Es decir que los activos tendrán como sindicalista a Horacio Rosatti; y Salduna y Castrillón a José Allende, quizás no tenga el poder de fuego del presidente de la Corte, pero sí saca ventaja en el conocimiento del territorio. Todo se compensa.
Ese desenganche para los pasivos no hay quién no observe una probable inconstitucionalidad.
Hay un punto que al otro lado de Plaza Mansilla releen con asombro. Es el artículo 8 en sus incisos C y D, donde se refiere a proporcionalidad y razonabilidad. “Los beneficios previsionales deberán guardar una relación razonable con los aportes efectuados, en armonía con los principios de solidaridad, sostenibilidad y sustentabilidad del sistema”, dice el texto que ingresó al Senado. Y advierte que “las medidas administrativas, judiciales, paritarias y todo otro tipo de decisión que se adopte, no deberá comprometer la sostenibilidad y sustentabilidad del sistema previsional”. Hasta ahí una consigna, pero termina diciendo que “el incumplimiento del presente constituirá causal de mal desempeño”. En tribunales ven una amenaza ante, por ejemplo, la interposición de una cautelar. ¿Un juez que dicte un fallo en contra incurriría en un mal desempeño? Dos magistrados coincidieron en ver allí una coacción.
La reforma previsional comienza a lograr cosas impensadas. Funcionarios de primera línea que mantienen diferencias hace años creen que lo que se viene será arduo y hay que estar juntos. Ministerio Público Fiscal y STJ empiezan hablar. Esto recién empieza.
Fuente: Página Política
