Jorge Monge es presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, pero además fue convencional constituyente. En la vereda de enfrente, Jorge Busti, que presidió esa Convención, destacó especialmente en su momento la labor del diamantino.
A casi 15 años de aprobarse el nuevo texto magno, algunos aspectos siguen generando dudas. La actualidad puso la lupa sobre cuestiones electorales. El oficialismo, en su mayoría, impulsa ahora la Boleta Única Papel (BUP). Por abajo, otro sector claramente menor a la de la BUP, se entusiasma con una Ley de Lemas. Como el tiempo en la política sobra también están quienes insinúan la posibilidad de reformar la Constitución en dos artículos.
Monge, en su interior, tiene algunas dudas sobre la boleta única porque entiende que va en contra de los partidos. Suele citar lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en un fallo cuya causa la inició el Partido Obrero en 1962: “La democracia debe ser en los hechos, lo que los partidos sean”. La BUP no fortalece, precisamente, esta idea.
“A muy poco tiempo del comienzo de un proceso electoral no puede escapar al oportunismo avanzar en estos expedientes de ingeniería electoral, por más ropaje participativo y cívico que pueda ornarse determinadas iniciativas que incluso fingen como fundamento enaltecer o buscar una mayor transparencia de las relaciones entre la ciudadanía y la política. Si se pretendía modificar para hacer más eficiente, debió hacérselo en ápocas alejadas de toda elección”, dice Monge a Página Política. Y agrega: “Las especulaciones no tienen como norte mejorar las instituciones, solo el rédito menor y el interés del oficialismo de retener mayores espacios de poder. Reformar la Constitución –por más exprés que se plantee el proceso- me parece un desatino total que iría en ayuda de aumentar el divorcio entre la sociedad y la dirigencia política”.
Como convencional, Monge propuso en 2008 agregarle al inciso 1º del artículo 47 (hoy 87) cuando dice que “el sufragio electoral será universal, secreto y obligatorio”; la siguiente frase: “También será cierto, no acumulativo e intransferible respecto de los candidatos postulados a cargos electivos”.
Era para despejar -según dice- cualquier posibilidad de implementar los lemas.
Monge cree que una ley de lemas “tarde o temprano provoca dificultades para el funcionamiento institucional, derivadas de la legitimidad de los candidatos electos, en especial en cargos ejecutivos, ya que pueden encontrarse situaciones donde el acceso al gobierno se produce con un porcentaje muy exiguo de votos, o que el candidato individualmente más votado no resulte triunfador”.
Para el radical, de todas maneras, el artículo 89 de la Constitución es claro al impedir el lema cuando dice que “el gobernador y vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios”.
El dirigente de Diamante no avizora un proceso de “reforma exprés” para implementar un sistema de lemas. En todo caso, de presentarse un proyecto de ley al respecto, ve una resolución vía Poder Judicial. “Para mí está clara la inconstitucionalidad, pero en definitiva la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice, en última instancia, ¿no?”.
Un fallo sobre el caso Santa Cruz entusiasma a los impulsores. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que las cuestiones electorales se enmarcan en el derecho público provincial, por lo tanto no se entromete.
La escribanía
La implementación de la BUP, que anula el efecto arrastre, podría generar un fenómeno que se dio en Santa Fe cuando se implementó este sistema: que el gobernador y la lista de diputados más votados sean de partidos diferentes. Sucedió con la peronista María Eugenia Bielsa, que presidió la Cámara baja durante el gobierno del socialista Antonio Bonfatti; y el socialista Miguel Lifschitz durante la gestión justicialista de Omar Perotti.
La cláusula de gobernabilidad, que en 2008 se transcribió el texto de 1933, tiene su origen en un contexto político muy particular donde los poderes ejecutivos a manos de radicales padecían de internas feroces que entorpecían la gestión.
Mucho más acá, el primer caso que se dio, en el que el Ejecutivo y el Legislativo estuvieron presididos por dirigentes de distintas fuerzas, fue en 1983 en Concepción del Uruguay. Juan Carlos Lucio Godoy se alzó con la Intendencia, pero con una minoría en el Concejo Deliberante. El radical tenía un bloque de 5 concejales que le respondían y el peronismo 6, pero luego sumó a un séptimo que provenía del Partido Comunista. A nivel local se resolvió respetar la voluntad electoral por sobre la cláusula de gobernabilidad.
De suceder en las elecciones que vienen, y ante la posible judicialización, estaremos ante una primicia. Y la certeza inapelable de Monge: “La Constitución dirá lo que los jueces dicen que dice”.
La mayoría automática que otorga la Constitución en Entre Ríos en la Cámara de Diputados se contrapone al sistema nacional, donde ese cuerpo se renueva cada dos años. Quizás por eso la Corte no se mete en cuestiones provinciales.
Seguramente la transcripción de esa cláusula en 2008 haya sido en respuesta de un fenómeno similar a la de la década del 30, pero ahora con las divisiones en el peronismo. Cuando la Convención Constituyente lo aprobó, el peronismo tuvo un sub bloque con Augusto Alasino, Marciano Martínez, Flavia Pasqualini y Hermo Pesuto. Durante ese proceso, atravesada la política por la resolución 125, la división iba a profundizarse.
Monge dice que a las constituciones “buscan meter cláusulas de un futuro deseable”, pero “también es usual encontrar en algunas constituciones cláusulas de protesto del pasado”.
Fuente: Página Política
