Un nuevo capítulo se abre en la controversia entablada entre la Municipalidad de Paraná y Cablevisión. La intendenta Blanca Osuna avanzó un paso más en su estrategia para que se cumpla una resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que fija los montos para el abono del servicio de cable. Este viernes, la comuna se presentó ante la Justicia para denunciar a los directivos de la firma del Grupo Clarín por “desobediencia judicial”, al no cumplir un fallo de segunda instancia por el cual la Cámara Federal de Apelaciones ordenó a la prestadora a facturar de acuerdo al tope fijado por el organismo que conduce Guillermo Moreno, y que estableció un monto de $109 para el abono básico mensual entre enero y agosto de 2011 y $116 a partir de septiembre de ese período.
La firma apeló esa sentencia con la pretensión de que el caso sea resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cablevisión no aceptó los argumentos del fallo de la máxima autoridad provincial sobre la medida cautelar y continúa cobrando montos superiores a lo establecido. Tampoco, obviamente, devolvió lo que estaría “mal facturado”, tal como también lo dispuso la Justicia.
La empresa espera que el tribunal –integrado por Cinthia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso–, dé lugar a que el expediente llegue al máximo órgano judicial del país. Esto ocurriría en 30 o 40 días. La suerte de la firma está atada a una medida cautelar favorable a la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) que suspende para todas sus asociadas (entre ellas Cablevisión SA) los efectos de la resolución de Moreno y la Ley de Abastecimiento por entender que se trata de una norma derogada, en todo el país.
Allanamiento
La Municipalidad, con la firma del secretario de Gobierno Arnaldo Gomariz, pidió este viernes ante la Justicia Federal que se libre oficio a la Policía Federal a fin de que se constituya en el domicilio fiscal y legal de la firma Cablevisión SA y proceda a identificar a los integrantes del órgano de administración de la firma. En la presentación –a la que tuvo acceso El Diario – se solicita un allanamiento en los locales de calle Santa Fe 507 de Paraná y Hornos 690 en Capital Federal, ya que en ambos domicilios donde opera la firma “podría existir documentación y registros informáticos que pudieran acreditar lo denunciado”. La estrategia de acudir al domicilio porteño se argumenta en que precisamente allí están “quienes imparten las directivas generales para el cumplimiento del objeto societario, desprendiéndose como una de ellas las pautas de facturación de los servicios prestados a terceros contratantes y las directivas relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones jurisdiccionales”.
En el escrito se requiere que se proceda “al secuestro de todos aquellos elementos que pudieran tener relación con el hecho denunciado y su posterior remisión de los mismos al juzgado”.
Para la comuna se está ante una presunta comisión de un delito de acción pública en la que los integrantes de la empresa “deliberadamente” incumplen con la resolución al continuar emitiendo facturas con montos que no son los establecidos por la Secretaría de Comercio Interior.
En defensa de los ciudadanos
“Lo que hacemos no es otra que bregar por los vecinos de Paraná, quienes hace un tiempo vienen haciendo justos reclamos”, apuntó Blanca Osuna ante El Diario. La intendenta contó que se llega a esta instancia luego de “haber realizado todos los pasos: desde Defensa del Consumidor se intimó a Cablevisión a que respete una resolución de la Secretaría de Comercio del Interior que es quien regula los precios de este servicio. Pues bien, la empresa no lo cumplió y en defensa de los ciudadanos acudimos a la Justicia”, señaló la jefa comunal. Sobre la apelación de Cablevisión para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien resuelva, Osuna sostuvo: “Tiene todo el derecho a hacerlo, pero mientras tanto no puede desobedecer un fallo de la última instancia de la provincia”. Hace unos días se conoció un informe de Defensa del Consumidor en el que advertían 42 denuncias contra Cablevisión, hallándose como principal causa la persistencia en el cobro de sumas superiores a la establecida por el organismo nacional. Se informó que “aproximadamente el 80% de esas actuaciones se iniciaron luego de la medida cautelar interpuesta por la intendenta Blanca Osuna”.
