Félix Abelardo Pacayut fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectiva en el juicio en el que se lo encontró culpable de haberse apropiado de dineros públicos que estaban destinados para el Puerto Ibicuy. Lo juzgó la Sala Segunda de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por José María Chemez, Daniel Perotti y Daniel Malatesta. La Fiscalía estuvo a cargo de María Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo. Gustavo Adolfo Acosta y Sebastián Trinadori ejercieron la querella particular por la Fiscalía de Estado.
Los fiscales habían acusado a los imputados de pertenecer a un grupo que, previa connivencia, llevó a cabo “un plan para sustraer dinero del circuito legal”. El ex senador justicialista fue señalado como “partícipe necesario” del delito de peculado, por lo que requirieron siete años y ocho meses de prisión efectiva. Para su hermano, Carlos Fernando Pacayut y Alberto Gavio, solicitaron seis años y cuatro meses. En tanto, para Norberto Durrels y Rafael Morana pidieron que sean sentenciados a cinco años de prisión efectiva; y para e Julio Ivanovich y Carlos Lovera reclamaron una pena de cuatro años de prisión efectiva. Además, para los siete imputados solicitaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 pesos a cada uno.
La condena para Pacayut implica que deba cumplir la pena en la cárcel, ya que sobre el ex senador justicialista pesa una condena anterior de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos y una multa de 45 mil pesos, por haber hecho pasar a su mujer por indigente para conseguir un título gratuito de una casa del Estado cedida por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) cuando era legislador, entre 1987 y 2003. Esta sentencia está apelada ante la Corte Suprema de Justicia.
En ambos casos, quien promovió las investigaciones fue la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que tenía como titular a Oscar Rovira. La del ATN cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda Gobernación de Jorge Busti.
En la causa Ibicuy se intentó investigar qué destino tuvieron unos 30 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron destinarse a la construcción de un puerto de aguas profundas en el departamento Islas, en el sur de la provincia. El delito por el que se lo acusaba a Pacayut era el de peculado –apropiación de dineros públicos.
Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento Pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA.
El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. Durante la administración del ex gobernador radical Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma de ese contrato, en 1998, Perfomar SA lo cedió a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse tal cual lo previsto. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra del Puerto Ibicuy en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado.
En el banquillo
Por los tribunales pasaron el ex senador por Gualeguay, José Salim Jodor; el actual secretario legal de la provincia, el secretario legal y técnico de la provincia, José Gervasio Laporte; el ex fiscal de Estado radical, Sergio Raúl Avero; Abel De Bueno; Néstor Méndez; Diana Grimber; Hugo Rodríguez; Osvaldo García; Miguel Escarles; Liliana Cuenca; y Daniel Stamponi.
En el expediente, además del ex senador, estuvieron involucrados su hermano Carlos Pacayut, Norberto Dourrels, Rafael Morana, Alberto Gavio, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras.
