La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, de la Cámara de Diputados, continua con el debate sobre el proyecto de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios.
Este jueves se escuchó la voz de representantes de organizaciones ambientalistas que, ante todo, se ocuparon en marcar que el proyecto en debate colisiona con un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Refieren a la sentencia que hace poco más de un mes ratificó la inconstitucionalidad de normas vigentes y prohibió fumigar a menos de mil metros de un loteo de Colonia Ensayo, localidad del departamento Diamante donde nació el reclamo judicial por parte de vecinos afectados.
El presidente de la comisión, el diputado socialista Juan Rossi, repasó la dinámica planteada por el cuerpo: “Como habíamos dicho, cada 15 días convocamos a los diferentes actores de la sociedad civil, fundamentalmente relacionados al ambiente, salud y producción, a los funcionarios y a toda la gente que entienda que tiene algo para aportar”.
“Tenemos responsabilidad de gobierno y de legislar. Por eso tenemos que avanzar en estándares mucho más modernos en términos ambientales, tener consideración sobre la salud de la población y darle algún tipo de previsibilidad a los productores”, puso en la balanza el legislador del oficialismo.
Fallo en mano
Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, una de las entidades que estuvo presente en el encuentro, expresó: “Vinimos a exponer lo que se viene discutiendo hace más de 20 años sobre el modelo de producción y la incidencia que tienen los productos que se utilizan sobre la salud de la población”.
“De acuerdo con lo que ha expresado la Justicia, el Estado debe reglamentar la actividad a través de un rigorismo científico que demuestre que no habrá ningún tipo de consecuencias sobre la salud”, agregó.
“Hay evidencia científica sobre el daño que existe. La justicia ha impuesto límites que no están contemplados por el proyecto que estamos tratando ahora”, advirtió la referente ambientalista luego de la reunión.
Para Sasia, la regulación debiera contemplar “no solo a la población lindera a los campos sino a la población en general”. “Estos químicos se encuentran en el agua que tomamos, en los arroyos, en las cuencas, en los alimentos que consumimos, en nuestra sangre”, remarcó y señaló que “hay una cosa juzgada en Entre Ríos (con el fallo), hay una seguridad jurídica de la que no se podría apartar este proyecto”.
“No tiene rigor científico”, agregó para impugnar el texto que analizan los diputados. “Además, es un manual técnico que se limita a evaluar las poblaciones cercanas a la zona fumigada pero no discute la toxicidad de estos productos, no impulsa un mapeo epidemiológico sobre el estado de la salud de la población ni analiza la productividad de nuestros suelos que cada vez necesitan más insumos”, planteó Sasia yendo a fondo con el debate del modelo productivo.
Ordenamiento ambiental
Rossi asume que la ley en debate se limita a un aspecto muy acotado de la problemática: “Este es un tema bien complejo porque afecta cuestiones de salud, de ambiente y producción. Hace 40 años que venimos con decretos, resoluciones ministeriales, amparos, fallos judiciales, reformas parciales de la normativa”, describió el asunto y pretendió como meta un equilibrio “que tenga presente la cuestión de la salud y que le dé cierta previsibilidad a los productores que sienten que le cambian siempre las reglas de juego”.
Marcó Rossi que el texto es “un manual de buenas prácticas, trata de eso”. “Se trata de dar una solución mejor que lo que tenemos pero es eso y no va a resolver por sí cuestiones fundamentales”, dijo y enumeró: “En Entre Ríos falta una ley de ordenamiento ambiental territorial, falta discutir en las áreas periurbanas y en las áreas cercanas a los escuelas rurales y a los arroyos qué hacer, definir qué se puede producir, qué no se puede producir y de qué manera. Acá solo analizamos un manual para la aplicación de agroquímicos”, reconoció en diálogo con Página Política.
Desde su banca, como referente del socialismo, se pretende ir más allá con propuestas legislativas que permitan “un ordenamiento ambiental territorial de la provincia”. Trabajan en propuestas referidas al cambio climático, a la cuestión fiscal “para prever algún instrumento que favorezca la producción sustentable” y también se apunta a una norma referida al impulso de la agroecología en Entre Ríos.
Voces
En el marco de la comisión, hubo un encuentro con especialistas que han hecho trabajos de campo sobre el tema. Fueron consultados Lilian Pereyra, médica forense del STJ; Carolina Sasal, ingeniera agrónoma, magister en Ciencias del Suelo que ha trabajado en el INTA; Guillermo Stamatti, médico veterinario, magister en Manejo de Recursos Naturales, asistente del INTA; y Maria Cecilia Travella, especialista en Pediatría y Toxicología.
En el encuentro de este jueves, estuvieron presentes el ingeniero agrónomo Julian Parodi de Fundación Cauce; la docente Estela Lemes, directora de una escuela rural, afectada por fumigaciones; Emilio Vitale Integrante de Geneoa; Sasia por el Foro Ecologista; Facundo Scattone Moulins, de nodo Brote Nativo; Maria Fernández, Alicia Schwartzman, Rina Larrosa de Humedales Uruguayense; Ximena Rosso Regali, integrante de la comision vecinal de Colonia Ensayo; y la dirigente del MST, Nadia Burgos.
La referente del FIT Unidad en la provincia expuso en la reunión, en primer lugar, un rechazo a los despidos de áreas del Estado que tienen que ver con la temática como Conicet y Agricultura Familiar. Cuestionó de plano el proyecto de ley en debate al que consideró escrito por los sectores “del agronegocio” y de “un modelo productivo agotado”.
Recordó a víctimas afectadas por las fumigaciones, algunas ya fallecidas como el caso de quien se convirtió en un símbolo de la lucha ambiental en Entre Ríos, Fabián Tomassi, trabajador rural y banderillero de los aviones fumigadores, que sufría una polineuropatía tóxica metabólica severa generada por los agroquímicos. “Las únicas buenas prácticas son sin venenos, con agricultura con agricultores y con reforma agraria agroecológica”, sentenció Burgos.
