El máximo potencial juvenil lo tiene el urrikirchnerismo. Se ve en las redes sociales, se ve en las facultades y se vio en no pocas elecciones universitarias. Conducen centros de estudiantes y la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER). También tienen lugares en el Estado, por caso, la Secretaría de la Juventud. Hay otros ejemplos.
El conflicto que movilizó a estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) a raíz de la judicialización y aplazamiento del proceso electoral en el marco de la normalización no activó un debate, sino que sacó a un grupo de gente, nada despreciable, a la calle.
El debate no está. Todos los sectores, por unanimidad, quieren normalizar. El reclamo es genuino y difícil de encontrarle una mala intención. No se puede estar en contra de que la universidad elija a sus representantes de forma democrática.
La decisión judicial era la esperada por los integrantes y representados por la Asamblea Interclaustros. El juez Alejandro Grippo primero, y el procurador general y los vocales del Superior Tribunal de Justicia después, hicieron suyos los argumentos del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que entendió que las condiciones para normalizar no estaban dadas. La lupa estuvo puesta en la Ley de Educación Superior, que exige un 70 por ciento de los concursos realizados para normalizar. Si la ley fuera retroactiva cuál sería la situación de la UNER.
Las sospechas contra el gobierno provincial se tornaron ineludibles cuando el rector Marino Schneeberger explicitó que las decisiones no las toma él sino el Ejecutivo. “El fiscal de Estado no apeló y nosotros somos una universidad que, nos guste más o nos guste menos, dependemos de la provincia. Si la propia provincia, de quien dependemos no apeló, de ninguna manera correspondía que apeláramos”. Esa fue la respuesta que dio cuando se le repasó el malestar de “los asambleístas” por no haber apelado, en carácter de rector, el fallo de primera instancia. La autoridad máxima quedó del lado del grupito de amparistas.
Mejor no hablar
Una rueda de consultas con dirigentes juveniles que adhieren al oficialismo deja como saldo muestras de perplejidad. Muchos de los que hacen política en ámbitos académicos no quieren dar explicaciones para afuera y sufren cuando se los reprocha adentro.
Es notorio ver a jóvenes militantes políticos y referentes estudiantiles hacer silencio ante el estallido de consignas y reivindicaciones por parte de sus pares pidiendo “Normalización Ya”. La ola cibernauta K tuvo su respiro con YPF.
Un caso similar sucedió cuando se le dio acuerdo al juez de Familia de Concordia, Raúl Tomaselli. Fueron unas semanas de mutismo cibernético para los especialistas en la materia. Parecía que de un día para otro, los urrikirchneristas habían dejado de leer Página/12. No era para menos, la periodista Mariana Carbajal se había convertido en la militante mediática número uno en contra del magistrado y del ministro de Salud, Hugo Cettour.
La Uader volvió a callar a gran parte del oficialismo juvenil el miércoles, cuando el centro de la ciudad fue tomado por integrantes y simpatizantes de la lucha por la normalización de la universidad.
Los que han decidido dar la cara se sumaron al pedido de normalización, pero con un ingrediente: el de nacionalizar la Uader. Son los JP Descamisados.
Juan Arbitelli se lo dijo a Página Política a mediados de marzo en una nota de la que participaron jóvenes de varios sectores. El grupo, visiblemente movilizador en actos de Blanca Osuna, quiere que la Uader dependa del Estado nacional. La intendenta presentó en el Senado, casi sobre el final de su mandato, un proyecto en ese sentido.
En las últimas horas la agrupación emitió un documento en el que insiste con la idea.
La nacionalización es otra discusión, pero es la única salida que encontraron los jóvenes K para exponer ante el abrumador mazazo que le dio la comunidad educativa.
