Por Nadia Burgos (*)
El 16 de junio el gobernador Gustavo Bordet comunicó que no va a aplicar el decreto para extender el plazo de la Ley de Emergencia (de su autoría), que fue refrendado por el Poder Legislativo provincial el 2020. La medida que el año pasado motivó el desarrollo de diversas concentraciones por su carácter parcial y regresivo, llegó a su fin. Esta ley se impulsó bajo la excusa de hacer frente a la pandemia, más del 70% de la recaudación total lo aportaron trabajadores y jubilados, mientras que, de los sectores concentrados de la economía, sólo salió el 30%. Con su fin, los trabajadores activos que perciben $75.000, de salario nominal, como los jubilados que perciben el mismo monto, retrotraerán sus aportes personales de un 22% a un 16% y los aportes extraordinarios de las jubilaciones se reducirán de un 10% a un 4%. Al mismo tiempo, se dejarán de afectar las entidades financieras y bancarias, que tenían que cumplir con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas. Como hace un año nos preguntamos: ¿cómo se pueden comparar los ingresos de los trabajadores con las riquezas de los sectores concentrados? ¿Se terminó, como dice el gobernador, la crisis económica en la provincia, acrecentada por la pandemia? ¿Mientras el ajuste a nuestros bolsillos sigue, por qué hay que dejar de afectar a los grandes ricos de Entre Ríos?
Un ajustador ¿bondadoso?
Luego de haber mantenido a los docentes y trabajadores estatales sin paritarias durante todo el 2020, Bordet aplicó la ley mencionada afectando los ingresos de quienes viven de sus salarios para “corregir” la situación económica de la provincia. Lo cierto es que fue su propio ministro de Economía quien el año pasado manifestó la parcialidad de los alcances de la ley al decir que la Ley de Emergencia (por lo que potencialmente recaudaría) “no alcanzaría siquiera para cubrir el medio aguinaldo”.
Sin embargo, el gobernador asegura “Tener hoy la provincia en condiciones saludables financieras y poder realizar inversiones realmente fuertes para atender la pandemia y la obra pública que genera empleo”. Estas declaraciones demagógicas tienen más que ver con un clima de campaña electoral que otra cosa, ya que se trata de disfrazar como progresivo el fin de una medida de ajuste que él mismo empezó. Si realmente le importara la situación de los trabajadores debería llamar a la reapertura de una paritaria que dejó el salario mínimo en $ 39.356, cuando la canasta básica es de más de $60.000.
Resta decir que, otro punto nodal en términos discursivos, fue la caja de jubilaciones y su déficit. Al día de hoy las medidas necesarias para revertir esta situación no han sido tomadas. Ni se dejó de tener con contratos precarizadores a los trabajadores del Estado, para que así se puedan sumar más aportes, ni tampoco se dieron por finalizadas las jubilaciones de privilegio que detentan personajes de la justicia, como Castrillón, y la de los funcionarios políticos.
A las riquezas, nunca se las afecta
Hace un año, cuando se implementó esta ley, cuestionamos su carácter anti-obrero y, además, las limitaciones que tenía para con los sectores concentrados. En aquel momento aclaramos que era una medida parcial y totalmente insuficiente en referencia a las partidas que se pretendía afectar de entidades financieras y bancarias, como a los grupos duros del sector agrario. Para ser más gráficos, en un año en donde personajes como Luis Miguel Etchevehere gozaron de los precios récords de la tonelada de soja (U$S 600), el gobierno provincial decide dar de baja un mísero impuesto para afectarlos.
Sin embargo, esta decisión es comprensible si se hace agenda de cómo actúa el gobierno provincial. Caracteriza que los problemas financieros de la provincia son producto de los años de gobierno macrista, y que su transparencia y decisiones permitieron ordenar las cuentas, no sólo en lo fiscal sino también la deuda externa provincial. Cuando miramos un poco más fino vemos que el ordenamiento se hizo en base al ajuste a los trabajadores y la renegociación de la deuda que patea el problema para más adelante y nos endeuda más. A principios de año benefició a bonistas (propietarios del Bono ER 25) refinanciando una deuda de intereses usurarios, dejando intimidarse por una denuncia en la justicia estadounidense. Bordet insiste con que la situación económica se arregló, pero lo cierto es que el territorio entrerriano es una vidriera de la pobreza que expresa el país. El caso de las ciudades de Concordia (49,5%) y Paraná (40,9%), son la muestra más cabal.
Sin medidas de fondo, no hay solución.
Solo a modo de ejemplo, con un impuesto a las grandes riquezas como el que presentamos en 2020 en la Cámara de Diputados de la Nación desde el Frente de Izquierda Unidad, se hubiera podido acumular el monto total de recaudación de la Ley de Emergencia aplicando el impuesto sólo a la familia Eskenazi. Empresarios que hacen fortunas con su cadena de bancos asociados a las provincias, como es en Entre Ríos el Bersa, agente oficial provincial.
El dilema está en si se está dispuesto o no a avanzar con medidas que permitan ordenar las cuentas en beneficio de las mayorías sociales y no de las ganancias capitalistas. Mientras trabajadores y familias entrerrianas hacemos malabares para sortear esta crisis económica y sanitaria, Bordet sigue descargando el ajuste sobre nuestras espaldas. Es necesario fortalecer una alternativa, como es el MST en el FIT Unidad, que pelee por el camino opuesto, para que la crisis la paguen quienes la generaron.
(*) Referente del MST-Nueva Izquierda en Entre Ríos
Fuente: Página Política
