El debate en el recinto de la Cámara de Diputados se dio en un marco de acuerdo para votar la iniciativa. Sin embargo, desde la oposición hubo críticas a los fundamentos de la declaración de emergencia y, también, al trámite exprés que, entendieron, se le dio al proyecto que frena las ejecuciones judiciales por certificados de obra al cobro hasta fin de año y establece condiciones para renegociar y refinanciar estas deudas.
El presidente de la comisión de Hacienda, Bruno Sarubi ofició de miembro informante. Tras destacar el impacto de la obra pública como factor multiplicador en la economía, afirmó que la actual administración provincial “cree en la obra pública” no solo por ser motor de desarrollo, sino también por las soluciones concretas que lleva a los vecinos de la provincia.
El legislador oficialista contextualizó el pedido de emergencia del Ejecutivo en la crisis “económica y financiera que aumenta todos los días” y en que el gobierno nacional recortó fondos a las provincias. Al ahondar este argumento, subrayó que dos tercios de las obras que se hacen en la provincia se financian con recursos federales que están bloqueados.
También reconoció que de las 167 obras que venían de la gestión anterior, 114 están neutralizadas y las restantes 53 están paralizadas “de hecho” por el ritmo mínimo que llevan. A su vez, marcó que pese a la “buenas voluntad de las empresas” constructoras, muchas tuvieron que recurrir a la Justicia para “defender sus intereses”.
El diputado radical contabilizó que de 148 procesos judiciales abiertos por las contratistas de obra pública, 99 son admonitorios (acción judicial rápida para el cumplimiento de una obligación, en este caso el pago por parte del Estado) y 49 van por la vía contenciosa administrativa, un procedimiento en el que se reclama ante la Justicia que la administración pública cumpla con sus deberes.
Sarubi sostuvo que, con la sanción de la emergencia (tuvo media sanción del Senado), la Provincia podrá poner en un “pie de igualdad” a todos sus acreedores, consolidar sus compromisos con la obra pública; planificar sus gastos; reorganizar, readecuar y refinanciar la deuda estatal, resguardando el interés público.
La posición del peronismo
La postura de la principal bancada opositora se repartió entre los cuestionamientos a la necesidad de la emergencia que hizo Juan José Bahillo y los “ruidos” que marcó la presidenta del bloque, María Laura Stratta, al articulado. Ambos plantearon que el gobernador Rogelio Frigerio reclamara con “vehemencia” los fondos a la Nación y comprometieron el acompañamiento.
Bahillo evaluó que la declaración de emergencia en obras viales “no era necesaria”, en base a datos que proveyeron los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Hernán Jacob; y de Economía, Uriel Brupbacher, durante la exposición ante comisiones de Diputados.
El legislador peronista se centró en dos aspectos. El primero, el escaso universo de impacto de la iniciativa. El segundo, el reducido aspecto presupuestario de la emergencia.
En primer término, recordó que tanto Jacob como Brupbacher reconocieron que las 167 obras provinciales en marcha hasta el año pasado estaban en manos de 37 empresas. De este total, 24 habían resuelto su situación vía convenio con el Estado. De las 13 restantes, 6 ya habían judicializado sus reclamos. Quedan sólo 7, señaló Bahillo. “Podrían negociar, resolver como con las 24”, recomendó el diputado.
En segundo lugar, señaló que según los datos de Hacienda, al 31 de diciembre pasado Tesorería tenía certificados a pagar por $ 5 mil millones. Y que los restantes 15 mil millones para completar los 20 mil millones que el Gobierno aseguraba tener que resolver correspondían a vencimientos de certificados de obra de enero y febrero.
Ese monto, sostuvo, era manejable dado que representaba apenas el 0,86% del presupuesto provincial 2024 y tenía un impacto relativo en los $ 150 mil millones para obra pública que el mismo presupuesto contempla.
Por último, marcó la contradicción entre el reclamo del Ejecutivo de sancionar la ley de emergencia y el video que posteó en sus redes el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello a raíz de los 100 días de gestión. Es que en la publicación se destaca: “Ordenamos la obra pública. La gran mayoría de los contratistas aceptó nuestro plan de pago”. “Pónganse de acuerdo”, reclamó Bahillo.
Casi al cierre del debate, Stratta volvió sobre algunos de estos argumentos. Citó los fundamentos del Gobernador a la hora de pedir la norma, entre los que estuvo el corte del financiamiento nacional. En orden a esto, también recordó las palabras de los funcionarios provinciales durante la sesión en comisiones: “Nos castigaron de arriba”, en referencia a la Nación y el recorto de fondos y la devaluación del 118%.
Sobre esta base, relativizó que se pueda culpar a la gestión anterior, que ella integró como vice de Gustavo Bordet, la situación con la obra pública. Y reiteró que la solución al problema con las contratistas está “en la negociación no en la emergencia”. Asimismo, dijo que el Gobierno ya dispone de herramientas para renegociar y rescindir contratos que son mejores que la emergencia para solucionar la situación.
Stratta apuntó a los “ruidos” que traía el texto y que podrían generar que sea “peor el remedio que la enfermedad”. Uno de ellos, consignó, se eliminó en el Senado. Se trataba de la emergencia vial para que Vialidad Provincial realice contrataciones directas sin licitación.
Los otros dos están presentes aún, aseveró la legisladora. Se trata de la unilateralidad para rescindir contratos de obra pública, que traerá “más judicialización” y costos, adelantó. Y también del “daño emergente”, un reconocimiento a favor de las empresas mayor al que prevé la ley de obras públicas vigente.
A futuro
Sobre el final del debate, el diputado Marcelo López sostuvo que lo que complica la seguridad jurídica en la provincia no es la emergencia, sino que los contratistas de obras obtengan un certificado al terminar un tramo de la contratación o al final que se convierte en un título ejecutivo de cobro.
El legislador oficialista planteó que, a futuro, debería cambiarse el status quo que las empresas de obras públicas detentan actualmente frente a otros proveedores del Estado, ya que el sistema actual colisiona con previsiones constitucionales. En otro tramo de su alocución, leyó los nombres de las principales empresas que están litigando contra la administración pública para cobrar sus acreencias.
A su vez, rebatió el argumento de Bahillo respecto al impacto de la deuda actual en obra pública en el presupuesto. Ponderó que del total de recursos provinciales, un 77% se destina a sueldos, un 13% a coparticipación y sólo un 10% queda para gastos de capital. Contra este último porcentaje contrastó el 0,86% que la deuda en obra pública representaba sobre el total. Y afirmó que, así, se transforma en un diez por ciento del disponible de la Provincia.
Fuente: Página Política - APF
