“La mediatización de las diferencias o agravios socava la imagen del Poder Judicial”

Gaspar Reca es defensor oficial y se desempeña como coordinador de la agenda de sus pares en Paraná. El integrante del Ministerio Público de la Defensa fue invitado por el ciclo Plaza Mansilla, que se emite por Vorterix Litoral, para abordar la agenda judicial desde una perspectiva diferente o si se quiere atípica, ya que se suele desde la perspectiva de jueces y fiscales.

“…Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Obviamente la crisis social y económica que vivimos desde hace unos años se ha agudizado este último tiempo y se ve reflejada en las defensorías civiles, como sucede en los casos de divorcios, alimentos, tenencias y toda la complejidad patrimonial. En lo que hace a la defensoría penal no quiere decir que la pobreza es sine qua non del delito, pero obviamente cuando la situación económica y social tiende a complicarse se ve reflejado en los índices y esto se ve en un incremento notorio. Hay cada vez más causas penales, cada vez más detenidos y cada vez más se acude a la defensa pública por una cuestión económica y de vulnerabilidad…”.

“…Los casos que más se receptan son los delitos contra la propiedad, como el hurto, robos; y delitos contra las personas, desde amenazas hasta lesiones. Pero sin duda el mayor caudal tiene que ver con los delitos contra la propiedad. Se ha incrementado mucho en el último tiempo…”.

“…(La situación) ha significado una sobrecarga y tenemos un trabajo muy grande, porque contamos con la misma estructura en cuanto a recursos humanos y material. Más aún con la implementación del sistema acusatorio. La defensoría atiende a personas en situación de vulnerabilidad, con lo cual cuando vemos la posibilidad de que la persona pueda solventar los gastos le informamos para que pueda buscar un abogado…”.

“…La articulación es difícil (con otros organismos del Estado) porque es difícil encontrar lugares donde podamos resolver sobre los defendidos nuestros. Tenemos una complejidad muy grande con lo que tiene que ver con salud mental, gente en situación de calle y exclusión de hogar. Son situaciones que hay que resolver en la inmediatez. No tenemos personal, ni asistentes sociales o psicólogos. Nada. Todo esto lo articulamos nosotros como defensores con el hospital escuela, etc…”.

“…Cuando se trató el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, motorizado por la Sala Penal (del Superior Tribunal de Justicia), se nos invitó a sugerir alguna reforma que entendíamos necesaria. El Ministerio Público Fiscal no aportó porque, según se expresó en una mesa interjurisdiccional, se dijo que estaba en contra de la reforma. Nosotros entendimos que había que participar y hacer algunas sugerencias y tuvimos reuniones con todos los defensores de la provincia y finalmente las hicimos. La desigualdad de armas ante el Ministerio Publico Fiscal -como se la llama – tiene que ver con todo lo vinculado a la producción de prueba. Cada parte puede llevar su legajo, eso significa que cada uno puede producir su prueba. Nosotros no contamos muchas veces con la posibilidad de que nuestros potenciales testigos vayan a la defensoría y evaluar si es prueba de cargo y si me sirve o no para la estrategia. Tenemos dificultades para producir una constatación en un inmueble en una causa de desalojo, tenemos problemas para pedir una pericial criminalística. La Policía entendía que eso lo debía hacer el fiscal y nosotros solicitarla en fiscalía, lo que puede ser desfavorable para mi asistido y, por lo tanto, estoy incumpliendo con mis deberes. Esto de a poquito hemos ido revirtiendo esta situación, pero nos sigue generando complicaciones …”.

“…La complejidad que hoy ha adquirido la temática de niños, niñas y adolescentes requiere de una reforma estructural. Se ha ido complejizando la competencia, cada vez se intervienen más procesos. Antes solo era en causas penales, hoy también ya lo hacen en la ejecución de la pena…”.

“…(Los plazos razonables en el proceso) es un tema que viene en discusión hace muchos años, no solo en nuestra provincia, sino en aquellas en las que se ha aplicado el sistema acusatorio. Ha habido provincias en las que la Legislatura ha dispuesto normas específicas en estos códigos de procedimientos, como por ejemplo Chubut, que fue revisado por la Corte. Mi opinión personal es que la regulación de los plazos es una necesidad dentro del proceso, porque hace a la garantía de los imputados. La cuestión es de qué plazos estamos hablando y cuáles son las consecuencias que se generan con el incumplimiento del plazo. En la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que está en el Senado, se previó una regulación que si mal no recuerdo es un año y medio y se puede llegar a prorrogar en causas complejas. Podría decirte que es una duración de la IPP (Investigaciones Penales Preparatorias) razonable para causas de mediana y escasa complejidad. Es suficiente ese plazo, pero hay causas que requieren de un tiempo mayor. El tema es cuando se incumple. El Código de Chubut había dispuesto que la única disposición del juez sea el sobreseimiento, que la Corte revirtió, y a partir de ahí comenzaron a discutirse muchísimas cosas, como la insubsistencia de la acción penal, lo cual me parece un instituto lógico, porque hace al caso concreto, donde estuvo demorado el proceso, cuál ha sido la morosidad, la conducta del imputado. No estoy de acuerdo con que la consecuencia sea directamente el sobreseimiento. La otra alternativa podría ser que la causa se remita a juicio en las condiciones en la que está una vez vencido ese plazo. Esto es no permitir que el Ministerio Público Fiscal continúe produciendo evidencia y que el fiscal, con los elementos que tiene, remita la causa a juicio. Todo esto puede ser discutido y está bueno que se haya puesto el foco en este tema…”.

“…(Respecto a los tiempos del STJ) Todos los protagonistas en el proceso tenemos que tener plazos, nadie puede quedar exento, con lo cual entiendo que tal vez con la reforma del Código Procesal sea una posibilidad para fijar esos plazos que por ahí se cuestionan, porque todos prestamos el servicio de justicia…”.

“…(Reforma al juicio por jurados). Personalmente creo que el proyecto que se presentó lo que busca de algún modo es descomprimir el cúmulo de juicios por jurado que tenemos en la provincia y que no se pueden realizar por la complejidad que tiene la organización, no por falta de voluntad. Hoy debemos estar por arriba de los 100 juicios por jurado que no se pueden realizar. Esa es la problemática que de alguna manera tuvo en cuenta el Superior Tribunal y los ministerios públicos para limitar la cantidad de casos. Todos los planteos son razonables. Pero falta estructura…”.

“…(Acusaciones cruzadas de funcionarios judiciales). No me parece agradable este tipo de situaciones y expresiones innecesarias, porque en definitiva todos somos actores importantes dentro del Poder Judicial. Diferencias de criterio siempre va a haber y esto es lógico por eso están las instancias recursivas y cada uno tiene las herramientas para revertir una situación que considera equivocada, pero de ningún modo entiendo prudente esta mediatización de las diferencias o agravios, que socava la imagen del Poder Judicial. Esta idea de que en el Poder Judicial están todos peleados no es así. Tengo amigos fiscales con los que puedo no coincidir en una causa, pero sí en la siguiente. Pero bueno, las diferencias se ponen en evidencia en una audiencia. Esto es la diaria, es lo cotidiano en el Poder Judicial. Lo que no podemos hacer es trasladarlo al ámbito mediático. Creo que no ayuda ni aporta nada…”.