Los alegatos de la defensa comenzaron con Emilio Fouces, quien defiende al ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; y al empresario Gerardo Daniel Caruso, titular de El juego en que andamos. Esta firma fue la que instaló el parador de Mar del Plata, causa por la que se alegó en la jornada. A ambos se les solicitó 5 años de prisión efectiva y multas.

Los comienzos de su defensa estuvieron empañados por cortes en el audio en el Canal de Youtube del Poder Judicial, lo que impidió tomar sus textuales cuando hacía referencia a la formulación del hecho atribuido a sus representados, que a lo largo de la jornada fue duramente cuestionado.

Fouces remarcó que cuando se inició la causa por una foto con el rostro de Sergio Urribarri en el parador de Mar del Plata en diciembre de 2015, “que nunca existió”, se hablaba de “una campaña presidencial”. Sin embargo, luego de replicarse en varias oportunidades en los medios de comunicación, la misma Fiscalía dijo en el juicio que se trató de un “posicionamiento de su imagen”. Para el defensor, el cambio responde a que no se encontró prueba para la imputación.

El relato comenzó por cómo llegó el ex gobernador a instalar un parador en la ciudad balnearia. Según el defensor, además de haber estado de “moda” en ese momento publicitar ciudades argentinas en esa zona, Urribarri había alcanzado un “acuerdo de reciprocidad dos años antes” con el intendente de Mar del Plata. Se preguntó Fouces irónicamente: “¿Osea que el contubernio fue pergeñado dos años antes?”, en referencia a lo que alegó Fiscalía. Y afirmó: “Esto no fue una aventura, como se instaló. Ahí estaban todos los paradores ese año”.

Para Fouces el parador “cumplió con su objetivo de licitación” que “era mostrar las características turísticas de esta provincia: promoviendo comparsas, productos naturales”.

Paso seguido solicitó que se emita un video que mostró jornadas de días de enero de aquel verano en el parador cuestionado y que el mismo gobierno difundió. Allí no aparece el rostro o el nombre del entonces gobernador. “Esto fue lo que ocurrió y de lo que el Ministerio Público Fiscal nunca habló”, se quejó Fouces. “Ahí está la gente divirtiéndose. No se ve una imagen de Urribarri, sino la marca de Entre Ríos”, dijo mientras se proyectaban imágenes.

El abogado, incluso, aportó el dato que Urribarri le pidió al jefe comunal si le podía ceder el lugar de manera gratuita, a lo que el marplatense hizo lugar. Utilizó ese argumento para empezar su relato sobre la instalación del parador y resaltar el cuidado de los fondos públicos.

Negó que Caruso haya recibido información de antemano para llegar a la contratación con el Estado provincial. Puso como prueba la testimonial del ex secretario de Turismo, Alfredo Brediñán, quien contó que la idea del parador fue de él y de Marsó que luego se plantearon en reuniones de gabinete. “Se habló en el ámbito que correspondía. Al gobernador le gustó la idea y se comenzó con el trámite administrativo, que se demoró, porque al lugar lo dieron gratis. Ese fantasma de que se demoró especulando para que nadie tome conocimiento y así se beneficiaba a El juego en que andamos es un cuento más”, dijo.

Fouces sostuvo que Caruso, un hombre del rubro, se había puesto en campaña para solicitar presupuestos para llevar adelante el proyecto y que la relación con Urribarri se remonta al al programa Fútbol para Todos, en que ambos tuvieron una participación importante. También señaló que su defendido había tenido productoras fuera de la Argentina, por lo tanto impugnó el hecho de que se haya anotado poco tiempo en el registro de proveedores de la provincia para sacar ventaja. “Caruso no se convirtió en productor de la noche a la mañana para este tipo de eventos”, señaló. Y añadió: “Es contradictorio con lo de Fiscalía cuando dice que esto comienza el 20 de octubre de 2014 que es cuando se da un supuesto primer contacto entre el señor Caruso y el entonces gobernador Urribarri. ¿Entonces cómo es? Las conversaciones empezaron el 20 de octubre, pero la constitución de El juego en que andamos es de junio. Es contradictorio”.

Una probation en la mira

Fouces se metió con la probation que benefició al empresario publicista, Jorge Corcho Rodríguez, en la causa sobre la difusión de los cuatro spots publicitarios por la Cumbre del Mercosur. El abogado defensor dijo que “el señor Corcho Rodríguez, durante la investigación, logró el consentimiento del Ministerio Público Fiscal de una salida alternativa, mediante el instituto de la probation con una norma de conducta de (pagar) 150 mil pesos. Si vamos al monto de los hechos investigados que se le atribuían al señor Rodríguez, si no me falla la memoria, son 28 millones de pesos. Y en el caso de Caruso 14 millones. El señor Rodríguez soluciona el tema acogiéndose a una probation. Cuando yo tomo conocimiento de ese antecedente me acerco a Fiscalía y trato de lograr la misma solución para mi cliente, pero me dijeron que por política criminal eran distintos los casos, pero acá el propio fiscal (Juan Francisco Ramírez Montrull) dijo que eran idénticos. A mi defendido le están pidiendo cinco años de prisión efectiva”, comparó.

Y fustigó: “Entonces queda evidenciado lo que hemos denunciado siempre en esta causa, que es el direccionamiento, la falta de objetividad y la falta de medir con la misma vara. Esta es una clara muestra”.

Fouces siguió con el direccionamiento por parte del Gobierno en la contratación para montar el parador. La Fiscalía imputó allí una simulación de competencia. La defensa de Marsó y Caruso hizo exhibir una documentación que hace el área de Turismo en el que aparecen dos sobres de oferentes y la participación del proceso del Departamento de Licitaciones Públicas de la Unidad Central de Contrataciones. “¿Cuál es la simulación a la que refiere tan livianamente la acusación? No solamente que no hay una simulación, sino que hubo otro oferente que participó y que el presupuesto era mayor al que resultó ganador de la adjudicación”, argumentó, en referencia a El juego en que andamos. Dijo que la empresa en cuestión fue contratada, no de forma directa, sino por una licitación por un organismo que es independiente del Ministerio de Turismo.

“A Marsó no lo nombraron en todo el juicio, sólo para las generales de la ley. Las críticas no son a las personas, son a un sistema, a una institución que avasalla, que quiere llevar adelante una acusación sin elementos. Marsó llegó a los alegatos de clausura de Fiscalía sin que lo nombren”, se volvió a quejar sobre su defendido.

Varisco sigue vivo

El otro punto con el que cargó contra el Ministerio Público Fiscal fue la certeza con  que sus integrantes, en los alegatos, afirmaron que los actos de gobierno deben estar justificados ante la Justicia. “¿La Fiscalía pretende que el Poder Ejecutivo provincial le justifique actos de gobierno frente a ellos? Se me viene a la cabeza una causa en la que tuve el privilegio de intervenir como defensor con (Miguel Angel) Cullen, que tiene sentencia del 28 de febrero de 2020”, lanzó para llegar a la sentencia absolutoria sobre Sergio Varisco. Comparó esa investigación, en la que un tribunal entendió que lo realizado por el fallecido ex intendente de Paraná en la causa de la Mutual Modelo fueron decisiones propias de una gestión. “Son actos de gobierno, están reservados a quienes cumplen funciones, tienen responsabilidad y fueron elegidos democráticamente. A Marsó lo designaron para que lleve adelante una política tendiente a mejorar el turismo y lo logró”, alegó.

Fouces también atacó, como hizo la defensa durante todo el juicio, el disco rígido secuestrado el 1º de agosto de 2016 y que se utilizó como buena base de toda la investigación que vendría después. Puso el eje en una planilla de Excel en el que se describen movimientos de dinero que la acusación sostiene que son los fondos que se habría desviado de las arcas públicas. Trajo a colación el testimonio de testigos del allanamiento donde se lo secuestró. Apuntó especialmente a la manipulación del elemento. Señaló que estuvo durante un cierto tiempo en poder de la Policía Federal y que integrantes de esa fuerza fueron vistos escribiendo en computadoras en la casa. Fouces mostró que el documento se escribió a mano sobre un formulario preimpreso de la Federal. Sospecha sobre lo que estaban haciendo los policías con las computadoras en el lugar de secuestro del disco rígido, el dispositivo que la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, le dio el valor de “caja negra de la corrupción”.

Las intervenciones telefónicas fue el otro de los cuestionamientos de Fouces. Calificó de ilegales la cantidad de escuchas que se hicieron durante el proceso e hizo referencia a que en muchos casos se intervinieron teléfonos de personas que nada tenían que ver con lo investigado, lo que motivó a solicitar la autorización previa de un juez para informar entrecruzamiento de llamados. Dijo que esos informes “se hicieron a partir de datos de las empresas de telefonía. Eso, que se haya hecho allí, no nos llama la atención. Pero no existió motivo para evitar cumplir con las garantías de los ciudadanos”, lamentó.

Para el final afirmó que  “no se acreditó ningún hecho ilícito, menos que mis defendidos hayan cometido hecho ilícito. No debieron haber estado ni sometidos a este juicio pero siempre estuvieron a derecho. Se los tildó de traidores a la patria y delincuentes, se pidieron penas infundadas y desmesuradas. Además el tratamiento que tuvo en esta causa una persona que supuestamente hizo lo mismo que Caruso, a esa persona le ofrecieron probation y a Caruso le pidieron 5 años de prisión efectiva”, comparó.

Pidió la absolución de sus dos representados y solicitó que “especialmente en la sentencia se deje a salvo el buen nombre y honor de los dos”.

Fuente: Página Política