La segunda jornada de alegatos de la defensa tuvo en el inicio a Ignacio Díaz, abogado del ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. El ex funcionario está acusado por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública y peculado.

Comenzó diciendo que se sentía “preocupado” por las “concesiones muy equivocadas que se hicieron en el derecho administrativo respecto a las contrataciones en el Estado”, y adelantó que su alegato, con humildad”, iban a tener una crítica al Ministerio Público Fiscal.

Dio un pantallazo de resoluciones y decretos que reglamentan las contrataciones de publicidad con el Estado. El abogado defensor dijo haberse respetado las normas en todos los procesos que se han denunciado durante el proceso en el plano de las contrataciones de publicidad.

“Me da la impresión que se ignoraba lo que es una contratación directa”, prologó Díaz para repasar los testimonios que se escucharon durante el juicio sobre los procedimientos para ser proveedor del Estado. Citó los testimonios de los responsables de los organismos de control: Fiscalía de Estado, Contaduría General y el Tribunal de Cuentas.

“Mi defendido lo ha dicho desde el comienzo de la investigación. Siempre se hizo de la misma manera y aplicando las mismas normativas”, sostuvo en referencia que la contratación de publicidad se sigue haciendo, incluso, de la misma manera.

El defensor subrayó que las instituciones y los actos de gobierno se van mejorando “para ajustar la validez” en torno a “la transparencia”. “Van apareciendo sugerencias y necesidades y esto es lo que pasó”, señaló al hacer mención a las observaciones que se hicieron sobre contrataciones de su defendido cuando ejercía el cargo de ministro. El propio Báez reconoció ante el tribunal; integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón; que había tomado nota sobre esas observaciones marcadas en su momento, lo que implicó correcciones en el proceso de contratación.

Se refirió a los auditores que actuaron en las pericias e hizo dos observaciones. Una de ellas, que las órdenes de publicidad debían estar ratificadas por decreto. La otra, se debía precisar la necesidad de la contratación. “Báez contesta esto de la inexistencia de contrato de publicidad, porque fue modificado por un decreto, en el cual se establecía que se obviaba el decreto y bastaba con la firma de gobernador y el ministro en la orden de publicidad”, fue la contestación dl entonces ministro que trajo a colación su abogado.

Los auditores –según Díaz – “producen un dictamen donde aceptan como razonable lo del decreto modificatorio, pero aconsejaron que “se realicen alguna aclaración más para evitar algún mal entendido por la transparencia de los contratos”.  Esto fue aprobado por los fiscales y fue notificado a Báez el 7 de junio de 2014.

“Queríamos hacer las cosas bien. Y saludamos que nos digan las cosas para mejorarlas”, parafraseó el abogado, otra vez, a su representado. Y agregó: “Todas las recomendaciones fueron aceptadas y llevadas a ejecución. Este es el panorama real. No hubo, de ninguna manera, violación a ley alguna”.

Citó las declaraciones del vocal del Tribunal de Cuentas José Luis Gea Sánchez que, en caso de haber alguna irregularidad, las mismas deben comunicarse para iniciar un juicio de cuentas, cosa que no sucedió, resaltó Díaz.

A partir de allí se metió de lleno al comportamiento de los organismos de control, lo que fue la base de la defensa en todo el proceso del juicio oral y público.

“En estos legajos nadie ha referido ninguna incorrección, falta de cumplimento funcional de los órganos autónomos respecto al gasto público de la provincia”, subrayó, para decir que “no hubo observación al respecto por parte de los organismos de control”. Y añadió: “Debemos deducir, entonces, que si no hay una imputación a los órganos de control no podemos decir entonces que la ley ha sido incumplida o violada. Han actuado en su cumplimiento funcional”.

Más adelante, Díaz lamentó que la acusación haya soslayado o minimizado la función de los organismos de control: “Es laxo el control, porque no es la especialidad de ellos, dijeron cuando se refirieron a los órganos constitucionales de control. Son especialistas en determinar el fin de la partida presupuestaria para el control. Son los especialistas”, insistió.

“En mi humilde opinión no podemos hablar de que acá hay malversación, porque el fin de fondos están justificados. Y recordemos que el peculado es un tipo de malversación”, citó.

 

Contrato de publicidad y peritos

 

La segunda parte refirió, específicamente, al otorgamiento de publicidad por parte del Estado. Díaz brindó explicaciones sobre el procedimiento y diferenció la orden de publicidad con lo que es un contrato. Repitió en varias oportunidades que darle publicidad a un medio no es sellar un contrato con el mismo.

Más adelante le dedicó un capitulo a la intervención y producción de informes para el Ministerio Fiscal que hicieron los bioingenieros, Guillermo Fritz y Fernando Ferrari, quienes produjeron prueba sobre elementos informáticos secuestrados en computadoras y teléfonos.

Díaz refirió a las expresiones de la presidenta del Colegio de Profesionales de las Ciencias Informáticas de Entre Ríos (Coprocier), Silvia Aranguren, que impugnó a Fritz y Ferrari para realizar informes forenses sobre elementos informáticos.

“Efectivamente los colegios tienen el control de la matrícula, no sólo que los profesionales debemos tener incumbencia en lo que hacemos sino que también tenemos que estar matriculados, si no, no podemos ejercer la profesión. Mientras estábamos debatiendo, el Coprocier hizo una denuncia porque ni (Guillermo) Fritz ni (Fernando) Ferrari estaban matriculados en el colegio de profesionales de ciencias informáticas”, señaló.

Coincidió con su par, Emilio Fouces, sobre los informes de empresas de telefonía celular en las causas acumuladas. “Fueron obtenidos sin orden judicial. Muy difícil podría superar la exposición del doctor Fouces en el examen que realizó al respecto, pero este tema es muy importante porque tiene repercusión en otras pruebas. Fundamentalmente los informes de Victoria González Brunet –dependiente del MPF-, y en relación a los entrecruzamientos de llamadas, que los sacó ilegalmente de las empresas, lo hizo el Ministerio Público Fiscal, sin autorización judicial”, denunció.

La segunda parte quedó para el abogado José Velázquez. (Ver nota aparte)

Fuente: Página Política