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El furcio del Urribarri candidato a presidente

Una contadora de las empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, reconoció algo que sobrevuela en el imaginario social: que el ex gobernador Sergio Urribarri promocionó su figura a través de la difusión de afiches con su imagen como un intento por construir una candidatura presidencial.
Por: Redacción de Página Política

Que Sergio Urribarri tenía (legítimas) aspiraciones presidenciales no está en discusión, y parte de eso asoma en estos días en el juicio al ex gobernador y otros ex funcionarios, allegados y empresarios por el desvío de fondos públicos.

Quien lo dijo en forma explícita, aunque seguramente sin querer, fue Natalia Gallo, una contadora que entre 2014 y 2019 llevó las finanzas de TEP SRL y Next SRL, las empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador.

En la pantalla se exhibían fotos de afiches desplegados en distintas provincias argentinas, con el rostro sonriente del ex mandatario, y la contadora no pudo evitar decir que correspondían “a la campaña de 2015 de Urribarri” y que ese despliegue “se hacía en todo el país porque se postulaba a presidente”.

Se mostraron séxtuples (afiches) de “Urribarri 2015” en Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero; también en Jujuy, La Pampa, Río Negro, Catamarca. La contadora dijo sin dudar que habían sido confeccionados por la empresa Formato Urbano, nombre de fantasía de TEP SRL. “No sé en qué momento se inició la campaña, pero por lo que se ve en las fotos se corresponden a la campaña 2015 de Urribarri. TEP prestaba servicios para el Partido Justicialista y entiendo que (los afiches) deben ser de una campaña relacionada con esa elección o esa postulación”, agregó.

Las imágenes fueron extraídas de correos electrónicos que ella intercambió con Gustavo Pereyra, un empleado del PJ devenido en empresario publicitario; y Aguilera. Según dijo, se correspondían con el rol que ambos desempeñaban en la estructura orgánica del PJ, uno como empleado y el otro como autoridad partidaria.

 

Cartelización de la publicidad

Dicen los fiscales que entre 2010 y 2015, el ex gobernador Urribarri y el ex ministro Pedro Báez direccionaron las campañas publicitarias en la vía pública para beneficiar a las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera, aunque en los papeles figuran a nombre de otras personas.

Para esconder esa maniobra, dicen, utilizaban a las empresas JMB Publicidad, de José María Bustamante, y Publicidad Montañana, con el objetivo de simular competencia, aunque luego ambas retornaban la mayor parte a favor de TEP SRL y Next SRL.

Entre algunas dudas y un apercibimiento de que debía decir la verdad al tribunal, a instancias de la fiscalía, la contadora Gallo admitió que en las oficinas de TEP y Next se centralizaba la cuestión administrativa de JMB Publicidad, Publicidad Montañana y también de Publicitar, la empresa de Pereyra. Dijo que gestionaba órdenes de publicidad, facturas y pagos para todas ellas (“no era mi trabajo, pero si me lo pedían Corina (Cargnel) o Emiliano (Giacopuzzi), lo hacía”, dijo en referencia a la contadora y el dueño, en los registros, de TEP SRL). Así justificó también que hubiera en su oficina hojas membretadas en blanco de las otras empresas.

Sin embargo, resultó particularmente revelador un correo electrónico en el que Hugo Fernando Montañana, el imputado que fue apartado del juicio por razones de salud, le plantea la necesidad de redefinir una serie de porcentajes que, según la hipótesis de la acusación, era lo que les quedaba a las otras empresas por simular una competencia en la asignación de publicidad en la vía pública y en rutas entrerrianas. “Les adjunto un archivo de Excel para que lo miren. Sería para definir los porcentajes del año 2014, ya que los porcentajes de 58 por ciento y 63 por ciento incluían la orden de Iafas del año 2014 que no se hizo y la facturamos íntegramente nosotros, por lo que los porcentajes varían. Los valores son los mismos que el año pasado, con el ajuste que hicimos para este año del 30 por ciento en las órdenes restantes”, escribe Montañana. “No sé a qué se refiere”, se escapó la contadora Gallo cuando le pidieron una explicación.

En algunas ocasiones, Bustamante y Montañana retornaban a TEP SRL casi la totalidad de lo que percibían por la prestación de servicios de publicidad en la vía pública. Su explicación fue que eso ocurría de ese modo para compensar deudas que ambas empresas tenían con TEP SRL por distintos servicios les prestaba o “estaban excedidos en cuanto a IVA y a veces se compensaban así”.

 

Los buitres

También declaró Pablo Dimier, que fue director general de asuntos jurídicos del hoy desaparecido Ministerio de Cultura y Comunicación desde 2015, quien explicó cómo era el proceso administrativo en cuanto a la contratación de publicidad.

El funcionario explicó los mecanismos de contratación de publicidad y que las normas autorizan la contratación por vía directa de espacios publicitarios. Para eso, dijo, se deben cumplir dos requisitos: edictos u oficios judiciales y acciones de gobiernos que tengan como interés general el turismo, la educación, la seguridad, etcétera.

–¿Contempla la publicidad política? –quiso saber la fiscal Patricia Yedro.

–No.

–¿Se puede promocionar a la persona de un funcionario en funciones? –insistió.

No.

De ese modo introdujo la publicación de una solicitada en distintos diarios locales y de alcance nacional firmada por Urribarri contra los fondos buitre. La fiscal le hizo leer la solicitada. Pretendió que la leyera completa, lo que provocó cierto fastidio al abogado, y fue el propio presidente del tribunal, José María Chemez, quien detuvo al testigo cuando ya había agotado unos cuantos párrafos.

La pregunta era si esa solicitada encuadraba en lo que se define como actos de gobierno. Pero Dimier esquivó la respuesta: “No me corresponde a mí determinar si es un acto de gobierno, eso lo determina la autoridad política que ha sido elegida para representar al pueblo”, dijo. “No es mi función opinar sobre el contenido sino hacer un análisis del expediente que llega a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. El procedimiento administrativo tiene varias etapas y nosotros intervenimos en una de esas para determinar si se han cumplido las pautas, si encuadra en la normativa y se elabora un dictamen donde se sugiere a la autoridad qué podría llegar a hacer”, agregó.

La fiscalía ha hecho hincapié durante el juicio en la contratación directa de la publicidad. Virginia Lisnofsky era la responsable del Registro Integrado de Medios de la provincia, una oficina que se creó durante la gestión de Báez bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Comunicación donde las empresas y medios debían inscribirse para poder pautar con el Estado. Primero se hacía una preinscripción online y luego se incorporaba la documentación para lograr la inscripción formal.

Ahí estaban registrados TEP SRL, Publicidad Montañana y JMB Publicidad, entre miles. Lo que llamó la atención es que en algunos legajos no estaba consignada la fecha de inscripción, pero sí la firma de la funcionaria.

Pero la irregularidad más evidente aparece en el caso de Global Means, la empresa regenteada por Germán Buffa, también imputado. Entre 2011 y 2014, la firma recibió 3.769.646 pesos para la difusión de distintas campañas y acciones de gobierno en medios porteños, incluida la contratación para la difusión de dos avisos que debían publicarse en el periódico Diario Agroempresario en las ediciones de agosto y septiembre de 2011. Pero Global Means se constituyó como sociedad anónima a partir del 15 de agosto de 2011, registró el alta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a partir de octubre y registró su inscripción en el registro de medios el 1 de noviembre. Lisnofsky no tuvo explicación. Dimier hizo un ensayo: admitió que no se podría haber contratado a una empresa que no estuviera inscripta, pero “puede que el proveedor hiciera la preinscripción online y el sistema no detectara que era la preinscripción y eso permitió emitir la orden de publicidad”. Un error del sistema que, sin embargo, no le ocurrió a ninguna otra empresa o al menos Dimier no recordó otro caso igual.

Fuente: Página Política
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