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La fiscalía dice que Urribarri y Báez sabían que Aguilera era el dueño de las imprentas

La fiscal Patricia Yedro expuso pormenorizadamente cómo se habría producido el desvío de fondos públicos a través de campañas publicitarias en la vía pública. Dijo que las empresas que monopolizaron la publicidad pertenecen al cuñado del ex gobernador y que éste y el ex ministro lo sabían. También aseguró que empleados y funcionarios del Ministerio de Cultura y Comunicación mintieron en el juicio.
Por: Redacción de Página Política

La fiscal Patricia Yedro alegó durante siete horas en el juicio que tiene al ex gobernador Sergio Urribarri y compañía acusado en cinco legajos por el desvío de fondos públicos a través de campañas publicitarias para promocionar su fallida candidatura presidencial.

Fueron siete horas durante las cuales la fiscal expuso detallada y minuciosamente la acusación y enumeró las pruebas por las cuales asegura que Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador, era dueño de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se cartelizó la publicidad en la vía pública y que “actuó en las sombras, a través de testaferros”, dada la incompatibilidad que tenía para contratar con el Estado.

Esa condición de dueño de las empresas, dijo, era conocida por Urribarri y por el ex ministro Pedro Báez, que tenía a su cargo la asignación de publicidad oficial; aseguró que los funcionarios y empleados del Ministerio de Cultura y Comunicación también lo sabían y que algunos de ellos trabajaban en ambos lados del mostrador, facilitando gestiones de las empresas desde las oficinas públicas e incluso percibían una remuneración que se pagaban desde TEP y Next por esas contribuciones.

No sería extraño que la fiscalía solicite que algunos empleados que declararon en el juicio sean imputados por falso testimonio, ya que la fiscal aseguró que mintieron ante el tribunal que integran José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

No estuvo Urribarri en la sala de audiencias, como en ninguna de las audiencias previas; tampoco Báez dijo presente. Aunque es posible que siguieran el juicio a través del canal de YouTube del Poder Judicial, que transmitió en vivo el extenso alegato.

Lo cierto es que a poco de iniciar su exposición, la fiscal adelantó que iba a sostener la acusación contra todos los imputados: Urribarri, Báez, Aguilera, su pareja Luciana Almada, Alejandro Almada, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Giacopuzzi, la contadora Corina Cargnel, el ex funcionario Gustavo Tamay y el empresario Fernando Montañana. “La defensa no logró conmover la imputación; se limitaron a rechazarla, a cuestionar el trabajo de la fiscalía, a criticar a los magistrados que han intervenido, a hablar de logros de gestión y a proclamarse víctimas de una persecución que no existe”, aseguró Yedro en otro tramo del alegato.

Los alegatos continuarán este martes. Será el turno de los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes abordarán las otras causas que forman parte del juicio: la contratación de publicidad en medios de comunicación a través de la empresa Global Means; y lo que se conoce como el sueño entrerriano, que comprende la publicación de una solicitada contra los fondos buitre, la contratación con la productora Nelly Entertainment SA para la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur y la instalación del parador playero en Mar del Plata.

El cuñado

La fiscal aseguró que Aguilera era el dueño de las empresas TEP SRL y Next SRL, que conformaban el conglomerado Formato Urbano, como también lo había sido de Cinco Tipos, que las había precedido. En los papeles, Giacopuzzi tenía el 90 por ciento de las acciones de TEP y el 10 por ciento restante estaban en manos de Luciana Almada, la esposa de Aguilera; mientas que Sena era socio en un 90 por ciento del capital accionario de Next y Alejandro Almada, policía y cuñado de Aguilera, tenía el otro 10 por ciento. Para la fiscal, los que aparecen como socios son en realidad testaferros.

“Luciana Almada, Alejandro Almada, Giacopuzzi y Sena solo eran la cara visible porque Aguilera no podía aparecer por su vínculo con el ex gobernador y por el cargo de funcionario público que ostentaba. Pero ninguno de los cuatro que aparece como dueño actuaba como tal, no cumplían un rol relevante dentro de las empresas, no tomaban decisiones y recibían un sueldo como empleados jerarquizados”, aseveró.

Según dijo, TEP y Next “nacieron de manera paralela y con el fin de absorber la totalidad de las contrataciones de publicidad estática en vía pública” y “no es casual que su nacimiento sea contemporáneo a la aparición de Aguilera en la escena como funcionario público”, luego de que Urribarri asumió como gobernador.

“En Paraná era un secreto a voces que Aguilera era el dueño de las imprentas”, sostuvo la fiscal, antes de mencionar que la documentación secuestrada en distintos allanamientos, como también los intercambios de mensajes y correos electrónicos revelan que “a quien se rendía cuentas sobre el movimiento de las empresas, quien tomaba las últimas decisiones, quien definía el rumbo comercial, las inversiones que se debían realizar, el manejo de las empleados y actuaba como un gerente era Aguilera. Mencionó también un tramo de la declaración del ex legislador Hugo Berthet, quien afirmó en el juicio que Aguilera le había admitido que era titular de ambas firmas y que su consejo fue que tuviera cuidado”, a lo que Aguilera le respondió que Urribarri le había dicho lo mismo; e incluso un imprentero de Santa Fe contó que en una ocasión se reunió con Aguilera y éste se presentó como el dueño de TEP y Next.

En ese sentido, tampoco pasaron inadvertidos una serie de mensajes de texto donde Luciana Almada le habla a Aguilera de “tu empresa”, “tu estructura” e incluso ella misma se reconoce como “empleada”.

Para ratificar su hipótesis, Yedro sostuvo que “también se encontró también un documento, que estaba contenido en un disco externo en el que se mencionaba como único titular de las acciones de TEP y Next a Aguilera; allí figura un dueño aparente, pero dice que ante el primer requerimiento que hiciera Aguilera debían transferirle las acciones a su nombre”. Ese documento, dijo la fiscal, había sido confeccionado por Lisandro Minigutti, abogado de Aguilera y Almada, que cumplía en su momento funciones en la Fiscalía de Estado y se amparó en el secreto profesional para eludir la declaración en el juicio.

Ese documento, el organigrama de las empresas, la contabilidad, los manejos de la publicidad oficial, correos electrónicos y otros detalles inquietantes estaban contenidos en un dispositivo electrónico que, según la fiscal, la contadora Cargnel intentó hacer desaparecer el día del allanamiento arrojándolo a una casa vecina.

Precisamente Cargnel desempeñaba un papel clave en la estructura de negocios porque “actuaba como contadora de TEP y Next pero no en representación de Alejando Almada, Luciana Almada, Giacopuzzi o Sena, sino en representación de Aguilera; era su mano derecha, conocía cada uno de sus negocios y sabía que algunos de esos negocios no eran lícitos”, aseguró la fiscal.

Urribarri lo sabía

Yedro aseguró que “todas las inversiones que realizaba Aguilera dan cuenta de un crecimiento económico exponencial” y agregó que “fue la publicidad lo que le generó el negocio más rentable, a partir de su relación con Urribarri, su rol como funcionario, la labor en Casa de Entre Ríos y el vínculo con funcionarios a través del PJ”.

En ese sentido, la fiscal aseguró que “la sustracción de caudales públicos de manera sistemática a través de la pauta publicitaria coincide con el período de mayor auge de las inversiones que hacía Aguilera; un período que además está signado por la más absoluta confusión entre el manejo de los dineros públicos, el desempeño de Aguilera como funcionario, sus negocios particulares, su actividad político-partidaria” y agregó: “Empleados del PJ y de la Casa de Entre Ríos trabajando para las empresas de Aguilera; empleados en puestos estratégicos del Ministerio de Cultura encargados de gestionar el seguimiento de las órdenes de publicidad con que se beneficiaba a las empresas de Aguilera; cartelería asignada a publicidad oficial ocupada por afiches que promocionaban la figura del ex gobernador; funcionarios públicos que certificaban publicidades que no se hacían, adjudicatarios de contrataciones o licitaciones encargados de abonar hoteles costosos donde se alojaba la familia del ex gobernador o haciéndose cargo de carteles en ruta donde se promocionaba su figura; y siempre Aguilera gestionando y coordinando desde la función pública, haciendo valer sus vínculos y contactos en beneficio propio por esta mezcla que había entre lo público y lo privado. Todo era lo mismo. Las empresas de Aguilera tenían un flujo constante de ingresos que provenían de los caudales públicos que, a la vez que incrementaban su economía personal, otra parte se destinaba a promocionar la figura del ex gobernador”.

Ahora bien, la fiscal resaltó que “la decisión de qué publicar, cómo, cuándo y con quién hacerlo era una decisión política del ministro Pedro Báez”, aseguró que “tenía facultades extraordinarias discrecionales” para realizar las contrataciones y mencionó una serie de “irregularidades” que se detectaron y que “favorecieron el direccionamiento de las contrataciones a favor de las empresas de Aguilera y las dos que actuaban en connivencia con esta”, en referencia a las empresas de José María Bustamante y Fernando Montañana.

Dijo, por ejemplo, que “no había ningún criterio para la selección de los medios. La decisión las tomaba el ministro y nadie las cuestionaba. Tanta discrecionalidad tenía el ministro que llegaron a favorecer a TEP cuando aún no estaba inscripta en el Registro de Medios, algo que era una condición indispensable para la contratación”.

Yedro sostuvo que en ese período “se naturalizó el modo de contratación directa para favorecer a TEP, Next, Bustamente y Montañana” y agregó: “Con tanta impunidad se manejaban que con esas contrataciones mantenían constante el flujo de ingresos a estas empresas. Así se cometieron irregularidades que de ninguna manera pueden justificarse como errores involuntarios, como esgrimieron algunos funcionarios”.

De hecho, dijo que esas irregularidades fueron advertidas por el Tribunal de Cuentas y las observaciones fueron desoídas: “La excepción se transformó en una regla, se ordinarizó la contratación directa porque permitía direccionar estas contrataciones eludiendo cualquier tipo de control y, con este mecanismo, Urribarri y Báez se reservaban la facultad de contratar a quienes ellos querían”.

De acuerdo con los cálculos de la fiscalía, “durante cinco años se derivaron sumas millonarias a las empresas de Aguilera y a las que actuaban en connivencia, sin que hubiera ningún tipo de control”. El número concreto es de 12.170.338,96, pesos, entre las rendiciones que se hicieron con fotos adulteradas y otras se pagaron pero no se cumplieron. El detalle muestra que Bustamente percibió 3.735.526,68 pesos, Montañana otros 4.156.638,52 pesos, a TEP le correspondieron 4.222.973,76 pesos y a Giacopuzzi otros 55.200 pesos que no encuentran justificación.

Eso fue posible, dijo la fiscal, por la connivencia del funcionario designado para controlar que cada cartel cumpliera con lo establecido en la orden de publicidad: Gustavo Tamay. Según la fiscal, “Tamay conocía del direccionamiento de las contrataciones a favor de Aguilera y del acuerdo con Bustamante y Montañana” y hacía la vista gorda; e incluso percibía dinero de Aguilera para hacerlo.

Fuente: Página Política
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