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Juicio contra Urribarri

Velázquez defendió a Báez con el jury a Goyeneche

El defensor del ex ministro de Cultura y Comunicación dijo que el Ministerio Público Fiscal pretende que el tribunal convierta “el chisme en sentencia”. Se encargó de desligar a su defendido de la relación entre Urribarri y su cuñado Aguilera.
Por: Redacción de Página Política

Los alegatos de la defensa, en rigor los representantes de Pedro Báez, retomaron este jueves. José Velázquez fue el primero de la jornada para enfocarse en las causas en las que se investigó la contratación de publicidad en la vía pública y tiene al ex ministro de Cultura y Comunicación imputado por los delitos de peculado en concurso ideal y negociaciones incompatibles con la función pública y por los que la Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión.

Velázquez contextualizó su ponencia recurriendo a la teoría del Edipo Rey, poder, perspectiva, verdad, de Michel Foucault.

El defensor apeló a la figura del Edipo “que todo lo sabe” y “por lo tanto en el poder se sabía”. Esa laguna de suposiciones, según Velázquez, es en la que incurrió el Ministerio Público Fiscal. Así, palabras más palabras menos, el letrado inició su narrativa para intentar demostrar que Báez no tenía por qué saber en qué andaba Juan Pablo Aguilera y cuáles eran sus relaciones. Al cuñado de Sergio Urribarri, también imputado, se le adjudican las imprentas Next y Tep que realizaron trabajos para la gestión que presidió el ahora embajador en Israel y Chipre.

En todo momento habló de “construcciones que no tienen nada que ver con el derecho penal, pero lo más importante en todo esto es que el Ministerio Público Fiscal no acreditó nada. Esta idea de convertirlo a Báez, por su vinculación política que tenía con el ex gobernador,  que sabía absolutamente todo. No existe, es fruto de la literatura”, opinó. Para el defensor del ex funcionario todas las asociaciones que hizo Fiscalía “denota, claramente, la falta de evidencia”.

Enseguida se metió en el terreno arenoso de la crisis por la que transita el Poder Judicial en donde el Jurado de Enjuiciamiento analiza una denuncia contra la procuradora adjunta y fiscal anticorrupción interina, Cecilia Goyeneche, hoy suspendida. Velázquez introdujo, en tono de ironía, la causa conocida como contratos truchos. El abogado, que también es defensor en ese legajo, narró lo siguiente: “En la causa se hizo un allanamiento en un estudio contable que uno de los integrantes (Pedro Opromolla) era socio de la fiscal anticorrupción y amigo del esposo (Sebastián Orlando) y la familia. Resulta que el día del allanamiento no va este socio y amigo al estudio y no secuestran el celular. De esto podemos hacer literatura de todo lo que se quiera, pero en el ámbito penal yo no puedo suponer que por el sólo vínculo de la fiscal y su esposo,  comercial y de amistad con el integrante del estudio contable, deducir que (Goyeneche) le contó al marido: van a allanar a nuestro socio y amigo, avisale……”. Todo esto para sentenciar a continuación, siempre con ironía: “Es parte de la literatura, para sostener esto en el ámbito penal hay que probarlo, hay que traer evidencia”. Se quejó de que se utilicen “los vínculos políticos e incluso familiares entre el Gobernador y Aguilera, sin ningún empacho, para hacer todas estas deducciones”. “Esto demuestra, claramente, que no hay evidencia, que lo que están haciendo es que este tribunal convierta el chisme en una sentencia”, insistió.

 Más adelante cuestionó al “poder extraordinario” al que refiere el Ministerio Público Fiscal en la imputación cuando caracteriza a Báez. Fue el momento de traer a los organismos de control. Subrayó que “muchísimos funcionarios que han intervenido (en el juicio), ninguno realizó objeciones correspondientes” y citó la ley cuando los actos administrativos irregulares, o por el contrario, aprobados, deben ser expresados en las instancias administrativas. El argumento, en este caso, es el mismo que se escuchó en todo el proceso: si no hubo informe negativo, no hubo irregularidad, dijo la defensa desde el día uno de las causas.

En otro capítulo, Velázquez volvió a criticar a la imputación cuando pone en dudas las contrataciones directas de publicidad. “No hay productos homogéneos, no se puede comparar dos diarios, dos canales de televisión, dos radios, dos programas. Para colmo, en lo que respecta a la publicidad en vía pública, tenes que hablar con el que tiene el espacio, lo que es más complicado, ya que el espacio puede ser del municipio o privados”, explicó, para señalar que hubo testigos que explicaron que las contrataciones no se hacían, en buena medida por licitación, porque no existe ese procedimiento.

La falta de pruebas, otra vez

La jornada de este jueves fue kilométrica. El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón debió escuchar seis horas de alegatos oxigenados por tres breves cuartos intermedios.

La segunda parte estuvo reservada para la causa de la solicitada en distintos diarios del país que, en su momento, firmó Urribarri contra los fondos buitres. La imputación al ex gobernador surge de la hipótesis de Fiscalía de que la publicación fue para promocionar la candidatura presidencial. Lo mismo –siempre en la óptica de Fiscalía- con la emisión de cuatro spots en el marco de la difusión de la Cumbre del Mercosur, donde lo imputaron también a Germán Buffa por haber contratado a su empresa Global Means. La acusación entiende que fue una desviación de fondos, porque la firma no cumplía con los requisitos administrativos y legales.

Ignacio Díaz, el otro defensor de Báez, volvió a la carga para señalar que los investigadores no pudieron comprobar ninguno de los delitos por los que fueron llevados a juicio. Sostuvo que no hubo delito ni utilización con fines particulares de dinero público, porque precisamente el texto en cuestión hacía referencia pura y exclusivamente a una situación de política exterior.

El intercalado de los alegatos, entre Velázquez y Díaz, no tuvo demasiadas diferencias en la argumentación. Ambos se encargaron de defender los hechos que el Ministerio Público Fiscal ve como delitos y para ellos no fueron más que “actos administrativos o de Gobierno”. Con palabras similares defendieron la emisión de los spots y la publicación de la solicitada.

Solicitaron absoluciones para Báez y Buffa. Para éste último se acercó la propuesta de una probation (suspensión de juicio a prueba). La Fiscalía había solicitado para el empresario 3 años de prisión condicional.

Fuente: Página Política
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